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Demandan juristas revisar reformas en la Constitución


Publicacion:14-02-2018

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En este desarrollo legal, citó que es fundamental confirmar la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Con datos y casos prácticos actuales en el desarrollo legal en el país, juristas como Esteban Espinosa Iglesias demandan mejorar la Constitución.

En este desarrollo legal, citó que es fundamental confirmar la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación para seguir combatiendo a las empresas fantasmas.

Dijo que desde el 7 de febrero de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revisará la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), Amparo Directo en Revisión ADR 3827/2017.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que regula el procedimiento conforme el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica las listas de empresas fantasmas, resulta fundamental para el combate a la corrupción.

La lógica detrás de la actuación del SAT, es que si una empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio que está facturando entonces se considera que es una operación simulada (es decir una empresa fantasma), y es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad.

“Además, con base en el artículo 69-B, cuando se determine que una persona o empresa facturó operaciones inexistentes: se les determinarán los créditos fiscales y  se considerará simulación de actos para efecto de tipificar el delito fiscal”.

“Si la Primera Sala llega a determinar la inconstitucionalidad del multicitado artículo, se considera que se pondría en riesgo el combate a las empresas fantasmas”.

“El quejoso y recurrente (es decir quien presentó el asunto ante la SCJN), es Grupo Impulsor del Sur, S.A. de C.V., quien fue incluido en la lista del SAT (en 2014) por considerar que facturaba sin contar con los activos, personal, infraestructura y capacidad para prestar los servicios o comercializar los bienes, es decir, que facturaba operaciones inexistentes y por ende se incluyó en la lista publicada en el DOF”.

Reveló que en datos legales casos como el de Grupo Impulsor del Sur, S.A. de C.V., promovió juicio de amparo directo y el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvió otorgarle el amparo por cuestiones de legalidad y negar la inconstitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. En contra de la negativa de declarar inconstitucional dicho artículo, la empresa promovió recurso de revisión en amparo directo, llegando así a la SCJN.

Por lo que el  proyecto de sentencia que se votará en la Primera Sala, fue elaborado por el Ministro Pardo Rebolledo, en el cual se afirma que el artículo 69-B del CFF es constitucional.

“El  Sistema Nacional Anticorrupción: “La política de Estado para prevenir y combatir estos delitos se materializó en el artículo 69-B del CFF, con base en el cual el SAT publica los nombres de las empresas fantasmas. Estas listas tienen como propósito dejar sin efectos los comprobantes fiscales que ellas emiten, en tanto que respaldan operaciones inexistentes o simuladas”.

“Se hace un respetuoso llamado a los Ministros de la Primera Sala de la SCJN para qué confirmen la constitucionalidad del artículo 69-B y con ello se continúe fortaleciendo la lucha del Estado mexicano contra el lacerante fenómeno en nuestro país de las empresas fantasmas. Una sentencia que declarase la inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF, implicaría un serio “retroceso en la desarticulación de los grupos delictivos que operan las empresas fantasmas y el debilitamiento de las instituciones públicas”.

Además dentro de ésta visón legal, se demanda una reforma  a  todos los  partidos políticos, y muchas de nuestras instituciones están en un momento crítico: las y los ciudadanos difícilmente les creemos, y ya no soportamos más simulaciones.

“Estamos cansados, muy cansados de los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, de las violaciones a los derechos humanos”.

“El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos”.

“Para conseguirlo, no hay duda, necesitamos transformar la anacrónica PGR en una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente, protegida por la Constitución”.

“Estamos en periodo electoral, escuchamos incansables promesas de todos los partidos políticos y todos sus candidatos. Nos dicen que finalmente actuarán y que acabarán con el abuso, la discrecionalidad y el desvío de recursos. No hay candidato que no prometa remontar la crisis de injusticia e inseguridad en la que vivimos”.

Así es que eso dijo que el  reto para los precandidatos es el siguiente: persuadir a sus dirigencias partidistas y a los legisladores de su partido para reformar el artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General, con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México.

“Necesitamos una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno. Queremos una Fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos”.

“Una #FiscalíaQueSirva es precondición para la justicia efectiva, para proteger y defender libertades y derechos, para asegurar condiciones de vida digna para las personas, para construir un Estado democrático de Derecho”.

“A partir del día de hoy y hasta el último día del periodo legislativo, la sociedad mexicana los pondrá a prueba”.

Para  este contexto legal subraya que públicamente su compromiso y liderazgo, pondremos a disposición de la sociedad una plataforma electrónica, a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar, aquí y ahora, el artículo 102 de la Constitución.

“Un compromiso genuino debe traducirse en impulsar la iniciativa, iniciar la discusión legislativa y asegurar su aprobación”.

“Hay otras reformas y acciones legislativas relevantes, hay nombramientos por hacer, pero ninguno de estos pendientes tiene remotamente la importancia de crear una institución que procure justicia de manera confiable y expedita”.

“Por eso, el reto que planteamos a quienes pretenden gobernar a México es justamente ese: darle a las personas la Fiscalía que merecen”.

“Ya no es momento de esperar. Las organizaciones civiles, académicas, empresariales, colectivos de víctimas y los ciudadanos queremos que se reforme la Constitución para crear una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente, aquí y ahora. Y vemos mal la redistribución de recursos.  Rechazamos el Uso Discrecional de los Recursos Públicos”

Dijo que casos como el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos, ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria. Los que firmamos este comunicado consideramos que esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Legalmente la  Secretaría de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales. Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno. Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”.

“En una democracia funcional, sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país. Para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia, con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23”.

A la vez que al mismo tiempo, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la “pereza fiscal” que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y: que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal.

 

 



« El Porvenir / Alberto Medina »
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