Nacional Dependencias Federales


Función Pública tendrá subsecretarías de combate a corrupción y a impunidad


Publicacion:27-10-2018

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Realizarán auditorías de legalidad y desempeño, que serán cruciales "porque todos los proyectos de la cuarta transformación tienen que cumplir su objetivo".

México.- La próxima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que reducirán a dos el número de subsecretarías de esta dependencia federal y se pondrá énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad. 

Entrevistada al término de la reunión que sostuvo con el presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la oficina de transición, adelantó que la dependencia que encabezará estará integrada por las subsecretarías de Combate a la Corrupción y la de Combate a la Impunidad, y desaparecerá la subsecretaria de la Función Pública.

Añadió que realizarán auditorías de legalidad y desempeño, que serán cruciales "porque todos los proyectos de la cuarta transformación tienen que cumplir su objetivo".

Afuera del inmueble ubicado en la colonia Roma, Eréndira Sandoval abundó que en el caso Odebrecht, la Función Pública tendrá la obligación y la responsabilidad de dar seguimiento hasta las últimas consecuencias, "caiga quien caiga".

Tras destacar que se mantiene un diálogo continuo con la actual secretaria de la Función Pública, Areli Gómez, y que "van en buen paso", agregó que será un eje central el combate a la impunidad, el apego a la legalidad y cerrar todas las investigaciones que se hacen.

La futura titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó la importancia de la ciudadanización del combate a la corrupción, para lo cual planteó que se deben atender tres problemas: la burocratización extrema, el derroche en la administración pública y la simulación en términos de las leyes.

Además, Irma Eréndira Sandoval indicó que se analizará la opción de dar estímulos a quienes denuncien la corrupción en el gobierno, con la finalidad de integrar una nueva ética pública política.

Abundó que se planteará un marco legal que proteja a los "denunciantes alertadores", y dijo que este tema "es una de las normativas que el Estado mexicano tiene en deuda en su marco normativo de referencia desde hace casi 15 años".



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