Piedad Córdoba recibirá disculpas e indemnización

Bogotá.- La política Piedad Córdoba afirmó que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) funcionó como la “Gestapo colombiana”, y promovió información para desprestigiarla, luego que un juez ordenó al Estado otorgarle un indemnización millonaria y disculpas públicas. 

Córdoba denunció a través de su cuenta de la red Twitter que el principal delito del DAS en su contra no fue el seguimiento y las interceptaciones ilegales, conocidas en Colombia como “chuzadas", sino “los montajes que hicieron para desprestigiarme”.

Las declaraciones de Córdoba se dan luego que un juez ordenó al Estado colombiano pagar una millonaria indemnización a la exsenadora por las interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

El juez 38 administrativo del Circuito de Bogotá condenó al gobierno de Colombia porque Córdoba fue víctima de escuchas ilegales desde el desaparecido DAS, y eso supuso una violación de su "intimidad, honra y buen nombre", informó la cadena Caracol.

“Quiero que el país tenga presente que el principal delito del DAS en mi contra no fueron las 'chuzadas' (que son graves), sino los montajes que hicieron para desprestigiarme. Hay personas que me odian que ignoran que fueron manipuladas y usadas para hacerlo”, agregó la política colombiana en otro tuit.

Córdoba denunció que el extinto DAS participó en los “asesinatos de Bernardo Jaramillo, Pizarro, Jaime Garzón, Pardo Leal, Manuel Cepeda y de centenares de líderes sociales”.

“El DAS fue una empresa criminal pagada con recursos públicos. El DAS fue la Gestapo colombiana, nuestra mayor vergüenza como Estado”, enfatizó la exsenadora en Twitter.

El juez estableció en su fallo que desde el DAS se promovió la publicación de información de desprestigio para relacionar a Córdoba con un grupo al margen de la ley.

Además, encontró que fueron realizadas actividades de inteligencia, interceptación y monitoreo de correos electrónicos, así como registros de telefonía celular, reporte de datos financieros e infiltración de agentes en su esquema de seguridad para que el gobierno estuviera al tanto de todos los movimientos de la exlegisladora.

El juez ordenó realizar en menos de 30 días un acto público para pedir perdón a Córdoba, quien demandó al Estado colombiano y le exigió una indemnización de 3.2 millones de dólares.

Según medios locales, la exsenadora recibirá una indemnización de alrededor de 80 mil dólares por perjuicios materiales, violación de sus derechos fundamentales y daño psicológico.

Mientras que sus hijos, su madre y su esposo también serán indemnizados por perjuicios materiales y daño psicológico.