ONG llaman a gobierno a reorientar política ambiental

Activistas llamaron al gobierno federal a recapitular y sensibilizarse en materia de cambio climático para reorientar su política ambiental y contribuir de esa manera con el cumplimiento de los compromisos adquiridos rumbo a 2030 para frenar el aumento de la temperatura del planeta.

Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recordó que existe una tendencia global y mundial hacia la transición a las energías renovables con el objetivo de depender cada vez menos de los combustibles fósiles y ayudar a que no se incremente la temperatura del planeta.

Durante la manifestación frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en demanda de que las empresas cambien de paradigma para ser sustentables, planteó que, no obstante, la presente administración federal muestra una tendencia “que no va en ese sentido”, al enfocar sus intereses en el fortalecimiento de la producción de energía fósil a partir de los hidrocarburos.

Esto, dijo, no solo arriesga al medio ambiente, sino también a la salud de la población y su calidad de vida, si se considera que con esa tendencia se pone en riesgo a 15 por ciento del territorio nacional por los impactos del cambio climático.

También se pone en riesgo a 68 por ciento de la población de todo el país, y lo mismo ocurre con 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). "Si esos datos no nos dicen algo, quiere decir que nos estamos volviendo insensibles", indicó.

En tanto el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, advirtió que en ese sentido se debe tener en cuenta que uno de cada tres habitantes en México son menores de 18 años, por lo que toda política ambiental les afecta de forma directa.

Esa es la razón por la que el artículo 4 Constitucional establece que todas las acciones que el Estado mexicano realice debe tener el interés superior de la niñez como prioridad.

Y es ahí que “tenemos la responsabilidad, como ciudadanos y Estado, de tomar acciones y medidas de política pública para transitar hacia el uso de energía sustentable de manera urgente”, ya que cada vez la crisis climática afecta con un mayor impacto a niñas y niños en el país.

Finalmente, Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa de la Vida (AIDA), enfatizó en la obligación de los gobiernos y el sector privado, así como de la banca, de asumir una política para “hacernos cargo de la crisis climática”.

“Tenemos 10 años para reaccionar y lo que se está haciendo no es suficiente. Tenemos que aumentar y hacernos más eficientes”, subrayó.

Coincidió en que las personas, las niñas y los niños son quienes más resienten el cambio climático, lo que vuelve una obligación de Derechos Humanos que se reaccione oportunamente para garantizar su salud.