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"Queremos ir a la guerra con herramientas"


Publicacion:06-09-2019

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Además, se busca que la tipología penal se base en los convenios internacionales a los que México está suscrito

 

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de su creación, la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción impulsa reformas de ley, así como otros mecanismos, para consolidar la autonomía de dichas dependencias, siendo este el mayor reto institucional para sus 28 integrantes, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, presidente de la agrupación y quien el mes pasado fue reelecto para encabezar el organismo por un año más.
Otros de los grandes desafíos, detalló el también fiscal Anticorrupción de Sonora, son homogeneizar los diversos tipos penales en los estados, la elección de titulares que gocen de independencia y el reconocimiento de la convención en la Ley de Seguridad Nacional, ya que uno de los aspectos de la seguridad pública es el tema de corrupción, como en el caso de las policías estatales y municipales.
"Casi 10% de las conductas delictivas de los estados tiene que ver con aspectos de corrupción y por esa parte consideramos necesario que se nos incluya".
Para enfrentar dichos retos, señaló que trabajan con la Comisión Anticorrupción del Senado de la República para proponer una ley general de delitos por hechos de corrupción, sumado a una reforma constitucional que brinde las condiciones para que las fiscalías trabajen sin ataduras presupuestarias o políticas, ya que sólo en Morelos, Campeche y Durango poseen independencia.
Además, se busca que la tipología penal se base en los convenios internacionales a los que México está suscrito, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En 2015 y 2016, con la publicación de nuevas reformas constitucionales en la materia, quedó establecido que las legislaturas locales debían expedir leyes y armonizar sus marcos normativos con la legislación nacional a fin de mejorar el desempeño de cada uno de los Sistemas Locales Anticorrupción.
Así, precisó Espinoza Valdez, el órgano colegiado nació el 7 de septiembre de 2018 con el ánimo de unir esfuerzos, conocer el estado que guarda cada fiscalía y tener la posibilidad de impulsar reformas y establecer posturas sobre la situación que vive cada una de ellas.
¿Cuál es el diagnóstico de las fiscalías a nivel nacional?
- Cada una de ellas ha vivido procesos diversos. En algunas tenemos periodos de inicio de hace cuatro o tres años, mientras que otras llevan meses. En el caso de la Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur no han elegido a su titular.
[El proceso] ha sido disímbolo por el tiempo en que se han ido nombrando a los fiscales y por la propia normatividad (…) El diagnóstico en general es variable. Algunas dependencias tienen avances en materia de resolución de investigaciones de 50%, otras de 20%, dependiendo de la cantidad de expedientes y particularmente del momento en que fueron integradas.
¿Por qué no se han realizado dichas designaciones y qué representa?
- En la CDMX no ha existido la voluntad de que tengamos conocimiento que se quiera designar. En Baja California, el comité coordinador tiene problemas para saber cuál será el mecanismo del nombramiento y en Baja California Sur el proceso estaba en marcha, pero debido a una serie de amparos presentados por algunos candidatos que tenían la intención de participar, éste se suspendió.
Con ello no sabemos quién está tratando los asuntos de delitos por hechos de corrupción. No sabemos si los trata la Fiscalía General de Justicia del Estado y eso no obedece al Sistema Estatal Anticorrupción. No hay alguien que se siente en la mesa de los comités coordinadores de dichas entidades y eso implica que no haya propuestas, reflexiones ni crítica.
Ya mandamos un exhorto para que se designen lo más pronto posible, ya que es necesario para la funcionalidad de los Sistemas Estatales.
¿Qué otras dificultades enfrentan?
- El primer reto es que haya autonomía constitucional y que a su vez las fiscalías manejen su propio presupuesto, que puedan designar a su propio personal y tomar decisiones sobre sus investigaciones, en algunas de ellas el ejercicio de la acción penal depende de la aprobación del fiscal general.
Encontramos resistencias importantes o hasta falta de concordancia o coordinación con los fiscales generales. En el caso de Oaxaca al fiscal Jorge Emilio Iruegas no se le otorgan viáticos para salir en el estado, eso afecta la operatividad. Y en Sonora, por ejemplo, cualquier nombramiento tiene que pasar por la aprobación del fiscal general. Eso ha implicado retrasos en las indagatorias.
Queremos establecer un porcentaje mínimo de los presupuestos de las fiscalías generales de los estados.
La elección de titulares debe ser de personajes reconocidos en el ámbito jurídico y con independencia del sector público. Terminamos combatiendo, investigando, persiguiendo a servidores públicos, entre ellos algunos políticos, que van a tratar que los fiscales sean personas que obedezcan a esa clase política.
Hemos defendido a titulares que han sufrido ataques por parte de círculos de poder estatales para tratar de que salgan de las fiscalías, que renuncien, como en Morelos, Puebla y Oaxaca, donde ya hemos hecho exhortos a los Ejecutivos y Congresos locales.
¿Qué avances hay en esta gestión?
- Tenemos acercamiento con la fiscal Nacional anticorrupción, María de la Luz Miganjos Borja, y con ella hemos trabajado muchos criterios. Queremos que todos los recursos federales que entren al estado sean competencia de las fiscalías Anticorrupción locales, ya que muchos estados tiene hasta 80% y 85% de presupuesto federal.
Estamos buscando una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales para que podamos llegar a acuerdos reparatorios. Una de las cosas que pide la gente es que haya justicia, pero también que regresen lo que se llevaron.
También exploramos la posibilidad de crear una Asociación Nacional de Denunciantes para que puedan tener el apoyo del gobierno. Si alguien denuncia y se convierte en testigo que pueda tener todas las garantías de no recibir represalias.
Tenemos la carga de la responsabilidad, que con mucho gusto aceptamos, pero también necesitamos las herramientas. Queremos que nos manden a la guerra con las herramientas necesarias para hacer el trabajo y brindar los resultados que la gente quiere.



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