Por omisiones, van tras exservidores por el caso de Ayotzinapa

CD DE MÉXICO/.- A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 norma-listas de Ayotzinapa, Guerrero, y ante las críticas que han hecho sus familiares por la falta de resultados en las investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que presentará los recursos legales que sean necesarias para responsabilizar a los servidores públicos que han incumplido con sus funciones. En un comunicado, la FGR señaló que desde que ocurrieron los hechos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación del caso fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas. Debido a esto, en octubre de 2015, la administración pasada creó una oficina de investigación del caso Iguala "la cual también fue descalificada junto con la 'verdad histórica', que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos, y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales". La dependencia precisó: "Du-rante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], en razón de las irregularidades e ilega-lidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]". Debido a esto, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo, indicando que se debía reponer el proce-dimiento aplicando, en forma independiente a la entonces PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados. La institución señaló que tras designarse a Omar Gómez Trejo como nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, se ha tratado de obtener toda la información de los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas. Incluso el juez de Distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días para el cumplimiento de los protocolos de Estambul, a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, "en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia y dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara, proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. A todo lo anterior el juez de Distrito se negó, otorgando la libertad a los policías locales procesados".