Buscan garantizar derecho a la educación

Monterrey, N.L.-Para garantizar el derecho a la educación inicial desde los niveles básico, medio y superior a todos los habitantes de Nuevo León, la bancada del Partido Nueva Alianza presentó reformas a la Constitución del Estado.

María Dolores Leal, coordinadora de la fracción de Nueva Alianza, dijo que las acciones se realizaban con el fin de fortalecer los avances educativos en Nuevo León, mantener su liderazgo nacional en el campo del conocimiento y continuar por la ruta del progreso con la educación como eje rector

La iniciativa presentada por Leal plantea reformas a diversos párrafos de los artículos 3 y 34 de la Constitución local.

“Se propone reformar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, en sus párrafos del quinto al décimo tercero para establecer el derecho de toda persona a la educación, e indicar que el Estado y los municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, básica y media superior, además, que la educación será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

“La reforma en su totalidad el sexto párrafo de dicho artículo, es para señalar que la educación inicial es un derecho de la niñez, por lo que el Estado y los municipios tendrán responsabilidad de concientizar sobre su importancia y se agrega que la educación superior será obligatoria, también se propone que la educación tendrá un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; asimismo, fomentará el respeto a todos los derechos y libertades y promoverá la honestidad, los valores y la mejora continúa del proceso de enseñanza aprendizaje”.

Se precisa que los planes y programas de estudios tendrán perspectiva de género y una orientación integral. En dichos planes se incluirán las ciencias y humanidades, las matemáticas, historia, geografía, civismo, lenguas extranjeras, el deporte, la educación sexual y reproductiva, así como el cuidado del medio ambiente, entre otras asignaturas.

Además establece que en las escuelas de educación básica en zonas en zonas vulnerables, el Estado implementará acciones de carácter alimentario y respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja.

Se eliminan las evaluaciones punitivas y obligatorias para las maestras y maestros, quienes tendrán derecho a un sistema de formación gratuito.

Las reformas planteadas también prevén que en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, el Estado y los municipios priorizarán interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre y cuando cuenten con reconocimiento de validez oficial, por parte del Estado.