Definen a ministro para el caso del Bronco

Monterrey N.L.-Será el ministro Juan Luis González Alcántara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien finalmente resuelva la controversia constitucional promovida por el Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón contra el Congreso del Estado por la posible sanción emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior tras la renuncia de Eduardo Medina Mora quien es investigado por presunto actos de corrupción.

Según el acuerdo publicado, el expediente fue returnado a González Alcántara, ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Cabe resaltar que el magistrado fue la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ha fungido como asesor de la Productora Nacional de Radio y Televisión; asesor de la Dirección General de Programación y Presupuesto del Sector Energético Industrial y Director de Investigación de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además de Director de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial; Magistrado supernumerario; Magistrado numerario de la Tercera Sala Civil; presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, del 2000 al 2003.

Como se recordara, el mandatario estatal solicitó la suspensión del proceso especial que inició el Poder Legislativo en su contra por el desvío de recursos en el acopio de firmas para su candidatura presidencial.

A pesar de que varios tribunales le rechazaron los amparos promovidos, El Bronco recurrió a la controversia y a esta se le dio entrada para que fuera el entonces magistrado Medina Mora quien se hiciera cargo del caso.

A los pocos días de esto congeló la sanción al ejecutivo estatal para posteriormente renunciar al cargo.

El fallo emitido prohíbe al Congreso local ejecutar cualquier medida provisional o sanción contra Rodríguez y su Secretario General de Gobierno, Manuel González, a quienes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó sancionar por haber empleado a 572 funcionarios estatales para reunir las firmas en horario laboral.

A pesar de esto, el Congreso del Estado sigue el procedimiento para ejecutar la orden de la Sala regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En caso de que el fallo definitivo sea en contra del Gobernador del Estado y del secretario General de Gobierno, el Poder Legislativo de inmediato aplicará la sanción.