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Nacional Dependencias Federales


Aplicamos la ley sobre uso de la fuerza: Sedena


Publicación:17-10-2019
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El Titular del Ejecutivo pidió a los criminales deponer las armas y dejar atrás la violencia.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 15 personas en un supuesto enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, sobre el cual la Sedena indicó que aplicó la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.

El Titular del Ejecutivo pidió a los criminales deponer las armas y dejar atrás la violencia.

Explicó que el militar abatido era un cabo que, a pesar de haber sido herido, disparó contra los agresores al convoy del Ejército.

"Tengo el informe, fue un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con una célula de presuntos delincuentes.

"Se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con ametralladora, encabezando el convoy, lo hieren, él es el que al final pierde la vida y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y les quita la vida a los agresores", aseguró el Mandatario.

Reiteró que su gobierno no busca enfrentamientos y tampoco quiere violencia, por lo que busca resolver este problema.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que luego de una agresión por parte de un convoy de civiles armados, se registró un presunto enfrentamiento con un saldo de 15 muertos. En un comunicado, la dependencia enfatizó que aplicó la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza como respuesta a una agresión con armas de fuego, en la comunidad de Tepochica.

"Es importante señalar que el personal militar, para su protección y seguridad, aplicó su disciplina y adiestramiento especializado para reaccionar ante agresiones de este tipo, de manera oportuna y contundente, empleando su equipamiento y el material con que están dotados", subrayó.

Precisó que los hechos violentos ocurrieron a las 16:45 horas de esa fecha, cuando elementos del Ejército Mexicano, al realizar reconocimientos terrestres, se encontraron de frente con un convoy de civiles armados, quienes al detectar la presencia del personal militar iniciaron la agresión con disparos de arma de fuego.

Señaló que un militar resultó herido en la refriega y fue trasladado al Hospital General Jorge Soberón Acevedo, de Iguala, donde falleció a causa de las lesiones. Además, 14 presuntos delincuentes armados murieron, quienes se encuentran en calidad de desconocidos.

De acuerdo con la Sedena, se decomisaron 13 armas largas (seis fusiles AK-47, seis AR-15 y un Galil), seis armas cortas, una granada de mano, diversas municiones, cargadores, tres vehículos --dos de ellos con reporte de robo-- y equipo táctico de radiocomunicación.

Indicó que un número indeterminado de agresores armados huyó a pie del lugar de los hechos, con rumbo desconocido.

Tribunal ordena detener a militares implicados en caso Tlatlaya

Un tribunal federal ordenó reaprehender a siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014.

Fuentes federales confirmaron que el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe regresar a prisión a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público.

El magistrado indicó en su resolución que tres de los siete militares tienen causas penales pendientes por homicidio calificado. Los tres militares son Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández.

De acuerdo con el expediente, al menos 15 civiles fueron asesinatos por militares quienes en principio manejaron que se trató de un enfrentamiento con un grupo armado al interior de una bodega ubicada en Tlatlaya. Meses más tarde, una testigo de nombre Clara Gómez denunció que se trató de una ejecución pues los civiles se habían rendido.

Su declaración fue reforzada con otros testimonios. Los siete militares que la FGR debe reaprehender fueron liberados desde mayo de 2016 por falta de elementos para mantenerlos en prisión.



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