Entra en vigor este miércoles la Ley de Austeridad Republicana

CIUDAD DE MÉXICO.-A partir de este miércoles entrará en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana, "para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés y fortalecer el gasto social", de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
"La ley tiene el propósito de generar más recursos para servicios médicos y otros", agregó la dependencia.
Por ejemplo, la nueva legislación mandata que, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en alguna institución pública, las personas interesadas deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés.
Además, establece un periodo mínimo de 10 años para que las y los altos servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no puedan ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado, con la finalidad de impedir la entrega a éstas de información privilegiada que hayan obtenido en el ejercicio de su cargo público.
También prohíbe la autorización de pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Obliga a la Administración Pública Federal a eliminar la duplicidad de funciones y las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en la normatividad.
También, impide la constitución o celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social, y seguridad pública, así como contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, o seguros de gastos médicos privados con cargo al erario público.
Finalmente, la Ley Federal de Austeridad Republicana establece la constitución de un Comité de Evaluación responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de adoptadas en la Administración Pública Federal, y entregar informes anuales a la Cámara de Diputados.

Listos los amparos contra la ley de austeridad

Al menos 5 mil 700 funcionarios comenzarán con el proceso de amparo para protegerse contra la restricción de 10 años para trabajar en el sector privado, luego de que este lunes se publicó la Ley de Austeridad Republicana en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con el abogado encargado de interponer los amparos, Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, se tienen hasta 30 días a partir de la entrada en vigor de la ley, este miércoles, para que los funcionarios que quieran ampararse entren al proceso legal.
Detalló que la firma será la primera en interponer los amparos y es probable que el número de trabajadores crezca en los próximos días. El abogado prevé que varios despachos interpongan demandas, debido a que la restricción de 10 años corta su trayectoria profesional.
Trusan & Roma informó que los trabajadores que hasta el momento han interpuesto amparos bajo su firma son de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para especialistas, es una ley restrictiva que coloca a México como el país con el mayor número de años de bloqueo para que un funcionario labore en el sector privado. En Estados Unidos, este tipo de restricción para trabajadores públicos, un fenómeno conocido como "puerta giratoria", es de cinco años, En España, Japón, Reino Unido y Países Bajos son dos años.
De los pocos funcionarios que se han manifestado sobre la ley es el presidente de la CNBV, Adalberto Palma, quien dijo que hasta el momento no ha habido problemas de la operación del organismo, y será a partir de la publicación de la norma que se conozca si hay renuncias.
El decreto también busca regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público y coadyuvar a que los recursos económicos que se dispongan se administren con eficacia.