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Sabias Que En Escena


Exigen creación del Organismo Autónomo de Calidad del Aire


Publicación:29-11-2019
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Evitar más retrasos y aprobar en este mismo año la creación del Organismo Autónomo de Calidad del Aire.

Evitar más retrasos y aprobar en este mismo año la creación del Organismo Autónomo de Calidad del Aire en el Estado de Nuevo León, exigieron representantes de organizaciones civiles y académicas a diputados locales.

Con el tiempo encima, como lo reconoce el diputado Jorge de León, priista y presidente del Comisión Puntos Constitucionales, la cual junto a la de Medio Ambiente, deberán de aprobar este fin de año para que inicie operaciones en el 2020.

Durante una mesa de trabajo realizada en el vestíbulo del salón de sesiones, diversas organizaciones externaron sus dudas de la capacidad de los legisladores para aprobar en apenas unos pocos días, el presupuesto y ley que cree ya sea un Consejo de Calidad del Aire o bien, un instituto, ambos autónomos del gobierno estatal.

Para ello, reconoció De León, se requiere modificar una vez más el artículo tercero de la Constitución Política estatal y, después, crear la ley que de vida jurídica al organismo que deberá atender la problemática de contaminación no sólo del aire, sino de los ríos y arroyos y la terrena.

Bernardo Flores, presidente de la Asociación Civl Piensa Verde, dijo que más allá de un consejo autónomo se debe crear un instituto, con capacidad presupuestal y jurídica para sancionar, perseguir y castigar a los responsables de contaminar.

Por su parte José Salas, vocero del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Monterrey (OCAMM), les expuso a los diputados presidentes de las comisiones de Medio Ambiente y Puntos Constitucionales, que la problemática ambiental ya no puede seguir retrasándose por falta de voluntad política y de recursos para crear un organismo independiente que se aboque a buscar soluciones.

Dijo el representante de OCAMM que se debe de tener para el 2020 el organismo autónomo, carente de injerencia del estado, y con recursos económicos propios, pero principalmente capacidad jurídica, para sancionar a quienes contaminen sean empresas, ciudadanos o autoridades.



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