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Aplazan de nuevo la ley de reconciliación en El Salvador


Publicación:05-12-2019
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La Corte Suprema de Justicia del Salvador consideró necesario conceder un plazo adicional para que el poder legislativo defina una ley de reconciliación.

San Salvador.- Magistrados de la Sala de lo Constitucional aprobaron este miércoles la tercera prórroga para declarar inconstitucional la ley de amnistía de 1993 y la promulgación de una nueva legislación que garantice justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos. 

En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia del Salvador consideró necesario conceder un plazo adicional para que el poder legislativo defina una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas. Ahora, los legisladores tendrán hasta el 28 de febrero de 2020 para promulgar la legislación.

“Estos acuerdos requieren imperiosamente de consultas, debates públicos profundos desde un punto de vista político y técnico”, explicó de esta manera el sistema de justicia salvadoreño su resolución de aprobar el plazo.

Los legisladores han solicitado tres prórrogas desde julio de 2018 hasta la fecha y, de acuerdo con la asamblea legislativa, se tienen dos anteproyectos de ley sobre la mesa. A pesar de los avances, aún no se llega a un consenso entre las partes.

La nueva ley de reconciliación, que podría llamarse Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional permitirá declarar como inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993.

La ley de amnistía fue aprobada cuando se buscó resolver el conflicto bélico entre la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el movimiento de guerrilla, entre 1980 y 1992.

Sin embargo, buscaba evitar el conflicto al perdonar crímenes cometidos durante la guerra civil y era “contraria al acceso al derecho a la justicia”, según afirmó la Corte Suprema de Justicia.

El proceso rumbo a una nueva ley se ha prolongado después de que organismos internacionales afirmaran que los anteproyectos legislativos promovían la impunidad y no contaban con mecanismos para la reparación de daños de víctimas de violaciones de derechos humanos.

“El texto del anteproyecto contiene cláusulas que impedirían la investigación, el encausamiento y la sanción de graves delitos perpetrados durante el conflicto y que privarían a las víctimas del pleno acceso a la justicia”, advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU) en junio de este año.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, instancia creada al culminar el conflicto interno contra la guerrilla, dejó un saldo aproximado de 75 mil personas asesinadas; sin embargo, desde el cese de violencia no se han aplicado sanciones a los responsables.

También este miércoles, la segunda Vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Antonia Urrejola, y el relator de libertad de expresión de la Comisión, Edison Lanza se reunieron con miembros de la asamblea legislativa para analizar los avances en las discusiones de los anteproyectos de ley.



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