Juez acusado de delito sigue en funciones

CUERNAVACA, Mor..- Daniel Adán Rodríguez Apac, juez de Control del estado, arrastra un historial que lo podría colocar como el juzgador "incómodo" del Tribunal Superior de Justicia, pero sucede lo contrario y sigue activo, con toga y martillo para imponer la ley, su ley.
Su nombre está inscrito en un proceso vigente por atropellar y matar a un motociclista en 2017, también en un expediente donde reclasificó el delito de homicidio calificado por el de encubrimiento en un juicio que se abrió por el asesinato de cuatro estudiantes universitarios y de colofón, comuneros de Tepoztlán lo acusan de tráfico de influencias en un caso de despojo agravado.
En octubre de 2018 el juez fue acusado por habitantes del municipio de Tepoztlán de incurrir en tráfico de influencias en un caso de despojo agravado, en el cual los denunciados afirmaron que detrás de la imputación en su contra había una confabulación entre el juez y funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
El nombre del juez Rodríguez Apac y su posible actuación irregular resurgió en abril pasado luego que la Fiscalía Anticorrupción acusó anomalías en el proceso judicial que lleva contra el exsecretario de Desarrollo Agropecuario de Morelos, Roberto Ruiz Silva, y dos de sus colaboradores, por el delito de peculado y el detrimento al erario por cerca de 1.8 millones de pesos.
Para considerar la versión del juez en este caso y los otros asuntos donde le atribuyen anomalías, se solicitó entrevista al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos y en respuesta aludieron el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales para argumentar que los jueces y magistrados están impedidos de entrevistas, y de "haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento, o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes".
No obstante, ese mismo día el TSJ, presidido por la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, designada presidenta en el mandato del entonces gobernador Graco Ramírez, emitió un comunicado de prensa para defender al juez y afirmar que la fiscalía no aportó los elementos de prueba para acreditar las conductas delictivas de los exfucionarios de la Sedagro, y por eso el juez decretó auto de no vinculación a proceso en favor de los mismos.
Fuera de Control
En diciembre de 2017 una fotografía sacudió la estructura del TSJ. A un costado de la carretera estaba una moto tirada y a un metro de distancia el cuerpo de un hombre cubierto con una sábana. A su lado un zapato tenis desprendido del pie por el fuerte impacto que recibió el motociclista, Pedro Portilla Herrera, entonces padre de una adolescente de 17 años y una menor de cinco años.
Todo ello fue cercado en un cuadro de cinta amarilla para resguardar la escena del crimen registrado en el kilómetro 200 de la autopista México-Cuautla, alrededor de las 07:30 horas.
El juez Daniel Adán Rodríguez Apac conducía el auto que impactó a Pedro Portilla, de 42 años, un Volkswagen tipo Jetta, con placas del estado de Morelos, pero huyó del lugar una vez que vio el cuerpo inerte en el piso. Policías municipales lo detuvieron antes de ingresar al poblado de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán. Testigos aseguran que iba en estado de ebriedad.
El Ministerio Público integró la carpeta de investigación AHTD/249/2017 y el juez fue presentado en calidad de presunto responsable, pero ese mismo sábado 16 de diciembre hizo llegar un documento al MP para solicitar su liberación inmediata bajo el argumento de que tenía arraigo laboral, familiar y domiciliario en Cuernavaca, por lo que no existía riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia.
Al transcurrir el término constitucional de 48 horas, el juez obtuvo su libertad debido a que el delito del que se le acusa es culposo (accidental), no es considerado como grave y, según la representación social, no existe riesgo de sustracción de la justicia.
La familia de la víctima insistió en que merecía la prisión preventiva como medida cautelar para enfrentar el proceso penal, y lamentó las presiones de servidores públicos para favorecer al juzgador, quien ofreció 500 mil pesos como acuerdo reparatorio, pero su oferta fue rechazada.
El abogado del juez, Miguel Ángel Rosete Flores, dijo que la pareja de la víctima pide 4 millones de pesos como reparación del daño, "lo que excede las cuestiones legales", afirmó el también expresidente de la Barra de Abogados en Morelos.
Pasado oscuro
En noviembre de 2016, Francisco Emiliano salió con sus amigos a festejar su cumpleaños número 17. Iván Alberto Emilio, de 15 años; Melesio Pizaña y Alejandro Medina, de 16 años, y Francisco Emiliano, de 17 años de edad; era Día de Muertos.
Esa noche los familiares de los adolescentes nada supieron de ellos, pero a la mañana siguiente fueron avisados de que en un paraje del municipio de Yautepec, colindante con Tlaltizapan, estaban cuatro cuerpos.
Francisco Javier Carmona, padre de Francisco Emiliano, dice que desde esa fecha pide justicia a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque en el desarrollo de las investigaciones fueron detenidos siete presuntos responsables, identificados todos como los autores materiales del cuádruple crimen.
Uno de ellos, sin embargo, obtuvo el beneficio de la libertad condicionada porque el juez Daniel Adán Rodríguez Apac reclasificó el cargo de homicidio calificado por el de encubrimiento y así permitió la libertad del acusado, quien debía seguir el proceso, pero se fugó de la justicia.
TSJ a la defensa
El Tribunal Superior de Justicia salió a la defensa del juez Rodríguez Apac en el caso de los exfuncionarios públicos de Sedagro, pero nada expuso con relación al proceso que se sigue por atropellar y matar a un motociclista, y tampoco por la reclasificación del delito de homicidio por el de encubrimiento, cuyo benefactor está prófugo de la justicia.
En noviembre pasado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, arremetió contra el Poder Judicial y expresó que los jueces han dado libertad a por lo menos 50 personas, presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, lo que supone una relación de interés entre el TSJ con los criminales, acusó: "Hay jueces corruptos, hay jueces que se han dejado manejar por la delincuencia organizada (…) Hay que ver quiénes son", señaló Blanco Bravo.
La reacción del Tribunal Superior de Justicia llegó 14 días después y, en un comunicado, precisó que los señalamientos tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural e informó que en este año se han consignado 137 personas por delitos de alto impacto y 16 de ellas han obtenido su libertad.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción informó que no se realizó la audiencia de imputación contra la agente del Ministerio Público, porque el domicilio que dio para ser notificada no fue localizado.