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Nacional Derechos Humanos


Proponen reinstalar GIEI para investigar caso Ayotzinapa


Publicación:18-12-2019
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El pasado 3 de diciembre, la CIDH envió una carta al gobierno mexicano para pedir que se permita la conformación del GIEI una vez más

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuso al gobierno mexicano reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una unidad especial que se encargó de investigar el caso Ayotzinapa durante el sexenio anterior.

El pasado 3 de diciembre, la CIDH envió una carta al gobierno mexicano para pedir que se permita la conformación del GIEI una vez más, además de que el grupo de expertos pueda acceder sin restricciones a la carpeta judicial; participar en las diligencias de búsqueda; proponer nuevas líneas de investigación; identificar patrones de tortura; recomendar mecanismos eficaces de colaboración, y acompañar la implementación del Plan de Atención Integral a Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El GIEI surgió en 2014, trabajó alrededor de dos años en nuestro país y estuvo formado por cinco expertos independientes. Su misión fue proporcionar asistencia técnica a las autoridades para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo salió del país luego de enfrentar tensiones con las instituciones de seguridad.

La CIDH propuso la reinstalación del GIEI luego de entablar un diálogo con los representantes legales de los familiares de los normalistas. En un comunicado, el organismo internacional aplaudió que el gobierno federal actual ha mostrado voluntad para avanzar en la investigación, sin embargo aún no hay resultados.

"La CIDH ha podido constatar el interés en avanzar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, aunque los resultados han sido infructuosos", mencionó.

Al mismo tiempo expuso los motivos por los cuales, desde su perspectiva, no ha habido progresos significativos en la indagatoria: hay una investigación fragmentada, falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, falta de detención de actores estatales por acción u omisión, y la liberación de personas presuntamente vinculadas con las desapariciones.



« El Universal »