Realizan Foro Internacional por una Justicia Abierta

A fin de poder mejorar el Estado de Derecho en el país, es necesario acortar de forma pronta  la distancia entre justicia y ciudadanía.

Así es que  por ello se llevó a cabo el Foro Internacional para una Justicia Abierta, que se propone analizar las buenas prácticas para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Donde en el encuentro se  dieron cita autoridades del Poder Judicial a nivel nacional.

El foro, convocado por organizaciones de la sociedad civil, poderes judiciales y organismos autónomos, es un encuentro con la más amplia convocatoria –incluso internacional– para hacer frente a la crisis de desconfianza ciudadana hacia los poderes judiciales.

Para una transformación genuina de la justicia en México es indispensable cerrar la fractura entre las y los impartidores de justicia y la ciudadanía, coincidieron esta mañana los participantes en la inauguración del “Foro Internacional para una Justicia Abierta: buenas prácticas para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.

 El encuentro de dos días, organizado en conjunto por EQUIS Justicia para las Mujeres, México Evalúa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Poder Judicial, propone el intercambio de perspectivas novedosas bajo el enfoque de justicia abierta.

 La justicia abierta, tal como se desarrollará en mesas redondas, conversatorios, conferencias magistrales y eventos artísticos, concibe la práctica de la justicia en condiciones de máxima transparencia y rendición de cuentas. Quedan comprendidas tanto las sentencias emitidas por los poderes judiciales como los procesos de selección de las y los funcionarios. Sin embargo, la participación ciudadana es igualmente indispensable para ‘abrir’ la justicia, pues ésta es un servicio público que debe someterse a procesos de mejora continua. Favorecer esa participación es la meta inmediata del foro, en el que también participan personas expertas y servidoras públicas de Argentina, Costa Rica, Ecuador y Bolivia.

 “Es preciso que el Poder Judicial se abra al escrutinio público, transparente sus sentencias, y establezca canales de diálogo y colaboración con sociedad civil. Su legitimidad, autonomía e independencia dependen de ello”, subrayó Ana Pecova, directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, en las palabras de bienvenida al foro. Y agregó: "Sólo así podremos lograr una justicia incluyente, cercana, que garantice la igualdad y la no discriminación".

 Edna Jaime, directora general de México Evalúa, recordó el particular momento en que se lleva a cabo el foro: “Estoy convencida de que llega en un momento muy oportuno. Estamos en un contexto inédito en que el Poder Legislativo ha convocado al Ejecutivo y al Judicial a trabajar en conjunto una reforma judicial”.

 Joel Salas, comisionado del INAI, hizo un llamado: “Los jueces ya no deben pensarse como aplicadores de leyes y reglas preestablecidas, sino como intérpretes de principios y valores. Esa interpretación se construye mediante el diálogo y a través de él pueden ser interlocutores de quienes son menos escuchados y darles voz”.

 Felipe Fuentes, magistrado presidente del TEPJF, puso en primer plano la gran oportunidad en manos de los poderes judiciales: “Los principios de justicia y tribunal abiertos nos permitirán reconectar con una visión ciudadana, y eso le dará más legitimidad a los órganos jurisdiccionales”. También hizo un llamado a la participación ciudadana: “No se quiere lo que no se conoce; y nosotros queremos que las y los ciudadanos nos conozcan”.

Por su parte, Jorge Martínez, consejero de la Judicatura del TSJ de la Ciudad de México, en representación de Rafael Guerra, magistrado presidente del mismo tribunal, subrayó los esfuerzos que ha realizado el organismo a su cargo para cumplir con la obligación legal de publicar todas las sentencias, y aclaró: “La transparencia, más que un valor, es un beneficio.”

Finalmente, Norma Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien declaró formalmente inaugurado el foro urgió a la eliminación de factores estructurales de exclusión –que se suman a las dificultades comunes de acceso a la justicia–, relacionados con la discriminación de grupos vulnerables. “La justicia abierta no es sólo la búsqueda de la igualdad formal, sino también material”, señaló.

El presídium también estuvo integrado por Blanca Zamudio, consejera de la Judicatura del Poder Judicial y Reyes Rodríguez, magistrado del TEPJF y Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia.

ALGUNAS MEJORAS URGENTES

En pro del Estado de derecho, justicia y seguridad la consolidación del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos son pilares fundamentales del trabajo legal.

Y es que a través del Estado de derecho y de la asistencia a los derechos humanos, se contribuye con la consolidación de la paz y la gobernanza democrática en un amplio espectro de contextos de desarrollo. 

Se debe de mejorar el acceso a la justicia y recursos, y ofrecer asistencia a las personas para hacer valer sus derechos.

Ofrecer respaldo  a los gobiernos para establecer sistemas judiciales competentes, incluyendo la rápida restauración de los servicios judiciales y mecanismos de resolución de litigios tras una crisis o conflicto (destinados especialmente a comunidades marginadas).

Aumentar la seguridad en las comunidades y disminuir la violencia armada, incluso mediante la reducción de la proliferación de armas pequeñas y ligeras.

Abordar la violencia sexual y de género, y aumentar la participación y liderazgo de la mujer en instituciones judiciales y de seguridad, especialmente en contextos de consolidación de la paz y de recuperación.

Apoyar la promoción y protección de los derechos humanos, afianzando el trabajo de las instituciones nacionales de derechos Humanos, respaldando el compromiso con las organizaciones internacionales de derechos humanos y promoviendo la implementación de este enfoque en los programas de desarrollo y procesos de planificación nacional.

Respaldar la justicia de transición para promover una rectificación de los episodios de violencia pasados y violaciones a los derechos humanos, y permitir a las sociedades recuperarse de este legado de violencia.