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Tribunal español prohíbe a catalán Junqueras acudir a Eurocámara


Publicación:10-01-2020
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El comunicado de esta corte se contraponía con las resoluciones españolas, que detuvieron a Junqueras de forma preventiva

Madrid.- El Tribunal Supremo español anunció al Parlamento Europeo que no concederá a Oriol Junqueras, el dirigente independentista catalán, el permiso para acudir a recibir su acreditación como eurodiputado y continuará con su condena, informó la cadena TV3. 

A mediados de noviembre el Tribunal de Justicia Europea le concedió a Junqueras el documento que lo acreditaba en su cargo como Eurodiputado, por lo que tenía el derecho de recibir su mandato y contaba con los derechos de un funcionario europeo de dicha institución desde julio.

El comunicado de esta corte se contraponía con las resoluciones españolas, que detuvieron a Junqueras de forma preventiva y lo condenaron en octubre. Con su condición de eurodiputado el gobierno español tenía la obligación de permitirle enfrentar su proceso por el delito de secesión en libertad, ya que contaba con inmunidad desde el 13 de junio del 2019, informó El País.

Los representantes de la Sala Penal que llevaron el llamado Procés, en el que líderes catalanes independentistas fueron condenados, aseguraron que después de su sentencia el político quedaba inhabilitado para ejercer cargos públicos, incluidos los de la Unión Europea, por lo que su nombramiento no es viable.

El grupo de defensores del expresidente de la Generalitat solicitaron a las autoridades españolas que Junqueras saliera del país para recibir en Bruselas su nombramiento, como ya lo hicieron Carles Puigdemont y Antoni Comín, quienes huyeron de España y que ahora cuentan con su nombramiento como Eurodiputados tras la decisión del tribunal de la comunidad europea.

Junqueras deberá continuar con su condena de 13 años, después de que lo acusaran, junto con un grupo de 11 personas más, por organizar el referéndum para la independencia de Cataluña.

Con aquel procedimiento consultarían la decisión de los ciudadanos de la autonomía de Cataluña si estaban de acuerdo con que el gobierno local se quedara bajo la administración de la corona española o iniciara un camino hacia la independencia.

El gobierno español consideró esta organización ilegal y los responsables de convocar y anunciar estos procedimientos fueron condenados de 9 a 13 años en prisión e inhabilitados para ejercer cargos públicos.

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