Las personas que tuvimos la ventaja de estudiar en la UNAM sabemos que la organización de sus estudiantes no es algo nuevo. El tipo de organización dependía mucho del motivo de la misma y de la facultad donde se originaba. Yo, que tuve la fortuna de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, me enfrenté varias veces con cierres de la facultad organizados por los estudiantes. Los motivos de los cierres eran variados, a veces justificados a veces motivados por argumentos confusos que parecían propiciar la flojera. Perder un día de clases no era bien recibido por todos los afectados, en ocasiones, discutíamos con los grupos que proponían el cierre sin lograr convencerlos de la inutilidad de cerrar la facultad y recibiendo apelativos que hacían referencia a nuestro nivel de "ñoñería" y falta de conciencia social. Aunque la organización siempre ha existido, el nivel de violencia que se experimenta en la UNAM no es el mismo. La violencia de grupos "porriles" que han tomado por objeto de sus ataques a la comunidad de la UNAM es tan sólo una manifestación más. Violencias de distinto tipo han ido esparciéndose e incrementándose en formas preocupantes. Violencias de género que han escalado hasta el feminicidio. Violencia ejercida por grupos ajenos a la universidad que han decidido hacer negocios ilícitos dentro de ella y que han cometido ejecuciones en las instalaciones universitarias. Las formas en que la Universidad ha hecho frente a estos problemas no han podido contrarrestar la inseguridad, preocupación, indignación y enojo de los estudiantes y trabajadores de la Universidad.

Para hacer frente a la violencia que se experimenta en la Universidad se deben analizar los distintos grupos de poder que se han instalado en ella. Uno de ellos tiene que ver con la protección a los trabajadores sindicalizados que cometen actos ilícitos. Desde que era estudiante se conocían de casos de trabajadores y maestros con denuncias por actos de acoso y violencia que no podían ser sancionados debido a su estatus de trabajadores sindicalizados. Otro son los grupos que en ocasiones han secuestrado instalaciones universitarias, ya sea para hacer negocios o para residir en ellas. Otro son los grupos "porriles" que han ejercido violencia física contra estudiantes. Otra de las cosas que tienen que analizarse es la efectividad de las sanciones que se están aplicando.

La autonomía de la UNAM no implica un régimen de excepción, ni puede manifestarse como un coto de impunidad. Aunque se han establecido mecanismos para sancionar a los agresores de los estudiantes del CCH Azcapotzalco, tanto al interior de la Universidad como ante las autoridades correspondientes, no puede pasar por alto que esta agresión viene antecedida de actos de violencia cada vez más frecuentes en la UNAM para los que no existen sanciones claras. Las fotos de la marcha del miércoles me llenan de asombro y de ánimo. Aunque la organización de estudiantes no es algo nuevo, no es usual ver a toda la comunidad universitaria organizada por un mismo motivo: la petición por el cese de la violencia. Que no se confunda el motivo del enojo estudiantil, no es una reacción ante un acto de violencia aislado, es una respuesta ante un complejo fenómeno de violencia en la UNAM que viene creciendo y al que no se está haciendo frente.