El 13 de mayo del 2015, las directoras y equipo médico de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’, en conjunto con activistas de varias organizaciones civiles, presentamos ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de parto humanizado, libre e informado, con el objetivo de que la maternidad sea parte de los derechos reproductivos y del proceso de empoderamiento de la mujer.

 El 19 de junio del 2017, debido a la dilación del Congreso para dictaminar la iniciativa de reforma, presentamos la iniciativa de Ley de Protección al Parto y a la Maternidad, con énfasis en los derechos de la mujer embarazada desde la gestación al puerperio y en el hecho de que Monterrey se convirtió en ‘la capital mundial de la cesárea’, ya que más del 70% de los 90 mil partos que al año ocurren en Nuevo León son mediante dicho proceso obstétrico, a pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda que el porcentaje no supere el 15% del total de los partos.

 El pasado 10 de abril del 2019, como diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, después de llevar a cabo de sesiones de revisión y análisis con activistas de Fundación Lobos A.C., Crianza Sana A.C. y Espacio Alumbra A.C., así como con representantes de la Secretaría de Salud y con la responsables de la Coordinación de Programas Extraescolares de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’, presenté una nueva iniciativa de Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad Digna del Estado de Nuevo León, la cual suscribió también la diputada Alejandra Lara Maiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.

 El parto es un momento crítico para la calidad de vida de la mujer y de la persona recién nacida, ya que el riesgo de morbilidad y de mortalidad de madre y bebé puede aumentar considerablemente si surgen complicaciones.

 Por ello, este tema se incluyó en diversos acuerdos y convenios internacionales que nuestro país firmó, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030 de la OMS, cuyo Objetivo 3 es “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

 Por tan poderosa razón buscamos garantizar que mujer y bebé no sólo sobrevivan a las complicaciones del parto (si ocurrieran), sino que desarrollen y alcancen su máximo potencial de vida y salud, al revisar los modelos obstétricos bajo el principio del interés superior de la niñez y al aplicar el tamiz neonatal básico y ampliado para prevenir cualquier discapacidad.

 La misma OMS ha girado instrucciones y directrices para que los modelos de formación y de ejercicio obstétrico de los países sean revisados, actualizados, humanizados e incorporen a la mujer embarazada como sujeta de derechos al momento del parto y se fomente el buen trato en obstetricia.

 Todo lo anterior se contempla ya en el Lineamiento Técnico “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio. Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro”, que en nuestro país aprobó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

 Dicho Modelo recoge recomendaciones médicas, evidencias científicas, derechos humanos, perspectivas de género y normativas vigentes de la OMS, que actualmente se utilizan para la formación y el ejercicio obstétrico en Nuevo León y cuyos ejes retomamos en nuestra iniciativa de Ley de Protección al Parto Humanizado y Maternidad Digna.

 La salud materno-infantil constituye el objetivo básico de los pueblos, porque en ella descansa la reproducción biológica y social del ser humano, además de ser un elemento clave para reducir la pobreza y las desigualdades, temas por cuya relevancia consideramos necesario legislar, para que en nuestro Estado se protejan los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como los de sus hijos e hijas desde la primera infancia.

 Por ello, los principios rectores de esta Ley, serán: el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la protección más amplia de la persona (pro personae) en sus derechos humanos, el interés superior de la niñez, el trato digno y respetuoso, la salud mental y la educación inicial o temprana en la primera infancia, además el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos y, el derecho a no sufrir discriminación ni coerción para llevar un embarazo protegido y seguro, un parto humanizado y una digna maternidad.