El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obra consecuentemente con lo que piensa, ahora le ha tocado el turno al ejército, y la situación se ha vuelto preocupante, el descontento que han manifestado algunos elementos retirados y seguramente también en activo, respecto al trato que está dando el presidente a sus  subordinados militares, el cual consideran que no es el más digno.

   AMLO inició muy cauteloso su gobierno con respecto al trato a los militares, aceptó seguir las normas que ellos tienen en cuanto al nombramiento de  altos mandos, originalmente se comentaba que  el presidente traería del retiro a su prospecto a dirigir la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sin embargo, los mandos castrenses actuales le plantearon cuáles eran las reglas internas. No sólo aceptó esto el presidente, también el diagnóstico original que le dieron, en el sentido de que  no declaró lo que en campaña había repetido una y otra vez: que retiraría al ejército de las calles, al contrario, creo el marco jurídico para contar con la Guardia Nacional.

A casi un año de ello, se siguió con la estrategia de mantener a las fuerzas armadas defendiendo el territorio nacional de los criminales; pero poco a poco, AMLO ha adquirido mayor seguridad y poder  y, ahora  le toca a los militares enfrentar a la 4T.  

   El tema que ha traído una ruptura entre la vieja estrategia y la nueva, fue el tristemente célebre caso Culiacán. Para el ejército mexicano representó  una derrota humillante ante un ejército privado al servicio de un grupo criminal; para AMLO fue la oportunidad para deslindarse de la política de seguridad anterior  y hacer valer su perspectiva pacifista que se traduce, en una política de tolerancia hacia la criminalidad, bajo el supuesto de que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” y,  lo que se busca como finalidad, sin importar los medios, es pacificar al país, “serenarlo”.

   La nueva estrategia posee una fundamentación impecable: atender las causas de la violencia social, respeto a la vida  y a los derechos humanos, más inteligencia y uso moderado de la fuerza, disminuir el índice de letalidad, prevenir la conducta genocida, no seguir los dictados de Washington y de la DEA  respecto a la detención de criminales, rehuir a la lucha frontal contra los cárteles.

   Si las fuerzas armadas (Guardia Nacional) no realizan el trabajo en contra de las grandes organizaciones delictivas, y la policía federal que debería ser la encargada de hacerlo desapareció por decreto del presidente, y si las policías locales (estatales y municipales), en su mayoría son débiles y poco preparadas para enfrentar a estos grupos  que principalmente comenten delitos federales, y que esto en ocasiones, excusa a las policías locales para perseguirlos, entonces, la pregunta que se hace el ciudadano de a pie, es elemental: ¿y ahora, quién podrá defendernos?

   El razonamiento del presidente AMLO  tiene sentido  cuando señala que la vieja estrategia de confrontación directa a los grupos violentos ya se siguió durante doce años y no ha dado resultados, y ha  convertido al país en un cementerio. Cuando señala que con la 4T será una estrategia diferente, como lo vimos en el caso Culiacán, de anteponer la vida de la ciudadanía sobre la captura de un capo de la droga,  valorar  la vida humana y protegerla, previniendo a toda costa los daños colaterales, es un enfoque diferente que traerá consecuencias distintas a las anteriores. No sabemos aún si la criminalidad aumentará o disminuirá, pero algo va a ocurrir que dé efectos diferentes.

   Con las acciones realizadas en Culiacán, AMLO se echó a la bolsa a la organización delictiva del Cartel del Pacífico; el joven capo liberado seguramente estará eternamente agradecido con la decisión del presidente mexicano, ya que se escapó de pasar el resto de sus días en una horrenda prisión norteamericana, como lo es el caso del papá, que sí permanecerá en un lugar así con cadena perpetua.

   El Cártel del Pacífico disminuirá, como respuesta a la acción del presidente, su actividad en contra de las fuerzas de seguridad, inclusive colaborará para disminuir los índices de violencia en la entidad, ya que sin una guerra entre cárteles, el negocio prospera, y qué mejor escenario.  La decisión de AMLO de no combatir a los criminales en Culiacán, repercutirá positivamente en los 17 estados donde ese cártel domina los territorios. Seguramente las estadísticas en esos estados, se reflejarán a nivel nacional, y AMLO podrá respirar al constatar que su nueva estrategia comienza a dar resultados a pesar de las críticas.

Si la negociación y pacificación entre cárteles no logra extenderse a nivel nacional, la guerra actual entre los mismos continuará en otros territorios ocupados principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el segundo más poderoso después del Cártel del Pacífico, opera en 25 estados del país. En este caso, habrá que observar cómo actúa la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad para enfrentar la violencia derivada de esta organización delictiva.

   Existen en el territorio nacional 80 organizaciones delictivas que dominan territorios más pequeños, son bandas criminales más locales, que se pelean plazas a nivel municipal y en ocasiones a nivel estatal; se formaron a partir del desmembramiento de cárteles más amplios. No sabemos aún si el mensaje pacificador de AMLO llegará a estas organizaciones delictivas, y logren  acuerdos entre ellos para un cese a la guerra entre grupos criminales, y se sienten a negociar rutas y territorios, así como establecer normas básicas de convivencia y actuación, especialmente la desaparición de delitos contra la ciudadanía, como el cobro de piso y el secuestro.

   El problema que enfrentará la nueva estrategia de pacificación será cuando pretenda desarmar a los grupos delictivos, será imposible ya que deponer las armas significa para ellos ser vulnerables a ataques posteriores de otras organizaciones criminales y  del mismo gobierno. Una salida posible para esta situación podría ser que las milicias de delincuentes se conviertan en policías comunitarias, como ocurrió  con las autodefensas en Michoacán. La solución de AMLO traería consigo un fortalecimiento del país como un narcoestado, donde los territorios son dominados por criminales que realizan las tareas de seguridad.

   AMLO no solo es pacifista, además es antimilitarista. Su máximo anhelo sería desmantelar el ejército mexicano así como lo hizo con la policía federal. Para él un ejército que atenta contra el pueblo no merece reconocimiento alguno, y en su memoria existe la huella mnémica indeleble de un ejército mexicano  que atentó contra grupos armados de izquierda, llevando a cabo un genocidio silencioso en la década de los años setenta conocido como la “Guerra Sucia”. Además, a lo largo de las últimas dos décadas, el alto grado de índice de letalidad y casos de violación a los derechos humanos por la institución castrense, le dan mayor fundamento para intentar diezmar el poder de esta institución fundamental del estado mexicano.

   AMLO no cree en el ejército que comanda  por sus antecedentes genocidas, tampoco cree en el uso de la fuerza pública ya que esto lo ve como sinónimo de represión,  a lo grupos violentos los justifica por razones ideológicas, incluyendo a los guerrilleros que lucharon en contra de las fuerzas castrenses hace cuatro décadas, y que han sido exaltados durante su administración. Además, realiza acciones en contra del honor y la lealtad militar, como la retirada vergonzosa para el ejército de Culiacán y el dar a conocer al informar a los medios,  el nombre, apellido y grado del  militar  que  encabeza  los grupos de acción en contra de los cárteles.

   AMLO en su intento pacificador probablemente logre que los cárteles y las organizaciones delictivas entiendan que no es buen negocio mantener la guerra entre ellos, y disminuyan los índices de violencia; pero mientras esta tregua ocurre, los grupos criminales no dudarán en fortalecer su capacidad de fuego, logística e incrementar sus elementos, para fortalecer sus ejércitos privados.