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Pugnan juristas por reformas hacendarias


Publicacion:22-06-2018

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Se deben emprender iniciativas que permitan el fortalecimiento de las instituciones.

Para un mejor Estado de Derecho en aspectos jurídicos de los temas hacendarios, es necesario que se legislen bien estos aspectos, dijo el jurista Alejandro Varela.

Y es que se debe de ver además por el estado de derecho en el país, por medidas de austeridad, se deben emprender iniciativas que permitan el fortalecimiento de las instituciones, para aspirar a elevar la responsabilidad hacendaria y la calidad del gasto.

Por lo que ante el deterioro de la composición del gasto público en México de los últimos años, uno de los retos que deberán enfrentar quienes triunfen en estas elecciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo,  será reducir la ineficiencia en el gasto y garantizar que los recursos fiscales lleguen de manera suficiente y oportuna a los programas y servicios públicos con mayor posibilidad de cerrar las brechas de desigualdad, atender los rezagos sociales, así como potenciar la productividad y el crecimiento económico.

El peso del costo financiero del endeudamiento y el gasto en pensiones han reducido el espacio fiscal disponible para financiar programas y políticas públicas. Hoy ambos rubros suman anualmente 6.5% del PIB y crecen a tasas aceleradas. El pago de intereses del endeudamiento del sector público será casi 90% mayor en 2018 con respecto al cierre del sexenio anterior y el gasto en pensiones se elevó 42% en el mismo periodo. Hacer más con menos recursos no es opción, es una realidad al menos en el corto plazo.

“En consecuencia, las organizaciones legales  llamamos a mejorar la gobernanza del presupuesto, es decir, lograr que los mecanismos y los procesos de toma de decisión en la asignación de los recursos públicos, se orienten hacia los mandatos institucionales y cuidar que no se desvíen para promover intereses políticos o de otra índole. Para ello, es fundamental la implementación de instrumentos de planeación y evaluación que permitan una correcta priorización de los programas y proyectos que se financian, lo cual hoy no sucede”.

“Para mejorar el valor obtenido a cambio de los recursos públicos también es necesario que las autoridades desarrollen y operen instrumentos que les permitan tomar mejores decisiones. Es indispensable abonar a la credibilidad de las instituciones en cuanto a su capacidad para gastar adecuadamente los recursos públicos, con acciones que reinstalen la confianza en las autoridades”.

“Se debe de ver: Profesionalizar el servicio público de la SHCP y las oficialías mayores., Fortalecer el rol del Congreso y su capacidad técnica, con la instauración de un verdadero Consejo Fiscal, Modificar la gobernanza del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para que funcione como un verdadero fondo de reserva que destine recursos al ahorro e inversión y no como un fondo de transferencias que financia gasto corriente.

Revisar la pertinencia de la participación de SHCP en la Comisión de Cambios del Banco de México y Controlar la discrecionalidad con la que hoy se adecua el presupuesto que se aprueba y aquélla con la que se solicita, autoriza y utiliza el endeudamiento público. Un ejemplo de lo anterior es el presupuesto destinado a publicidad oficial, el cual año con año se sobreejerce hasta en un 50% más de lo aprobado”.

Además de ello aumentar a la inversión pública, despolitizar la agenda de infraestructura, y en su lugar establecer una política que promueva la creación de capacidades y de procesos más objetivos para integrar una agenda de desarrollo de proyectos pertinentes, rentables y de calidad.

“Rediseñar el sistema de coordinación fiscal, para promover un federalismo auténtico y coherente con una mayor sostenibilidad financiera, promotor de los resultados de política pública y la rendición de cuentas en las entidades federativas, y que ayude a cerrar las brechas regionales en el país”.

“Eliminar las transferencias discrecionales de recursos a gobiernos locales que exacerban la dependencia financiera y el uso político del dinero, como ocurre hoy con los fondos del Ramo 23”.

Se debe de obligar al uso responsable de los fideicomisos públicos, al sujetarlos a las mejores prácticas de transparencia y mejorar la información programática y contable del presupuesto, a fin de corregir la persistente falta de información contable del creciente gasto federalizado. Para evaluar adecuadamente la eficiencia es necesario conocer qué se produce como resultado de los procesos financiados con gasto público.

Así es que hay que dotar a la contratación pública, de instrumentos que promuevan la competencia en la asignación de contratos públicos para hacer posibles las mejores condiciones de contratación, como un programa de contrataciones y un padrón de proveedores que sean funcionales.

Y es que se debe de hacer electrónico el ciclo completo de la compra pública, así como el manejo del avance físico y financiero de los contratos con tecnología de punta como las hoy disponibles para la obra pública y los servicios profesionales.

“Las organizaciones  esperamos contribuir a un debate público mejor informado, de manera que este periodo electoral sea una oportunidad para reflexionar con seriedad sobre nuestro presente y futuro”.

Legalmente, como ejemplo subraya el jurista, que en campañas por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña de gobernador, hay 15 pesos que se mueven debajo de la mesa, que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce.

Por lo que en promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal. Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos, el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos, con casos superiores y otros inferiores, dependiendo del tamaño de la entidad y su nivel de competitividad electoral.

Y legalmente eso se debe de evitar, ya que las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.

“Las principales modalidades de desvío de recursos públicos son recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros”.

Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma o fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.

“El principal destino del dinero ilegal en campañas es el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios”.

 

NO MÁS FUERO

Dentro del nuevo México que desean y en miras a una Cámara de Diputados  que ya aprobó la eliminación del fuero, la posición de mexicanos es ir contra la Impunidad que está por modificar el fuero, pero no eliminarlo:

“Creemos firmemente que la actual regulación del fuero -mecanismo necesario para proceder penalmente contra determinados funcionarios públicos-, debe de ser reformada”.

“En México, el fuero se ha convertido -a través del uso de mecanismos legales-, en sinónimo de impunidad”.

“El fuero debe de ser recuperado para que deje de ser un privilegio político y cumpla la exclusiva finalidad de proteger el ejercicio de la función pública de injerencias políticas. Es un pilar del Estado democrático, no un derecho del servidor público que lo ostenta”. Su actual regulación es contraria a derechos humanos y reformas constitucionales que se han ido consolidando en últimas décadas, como lo son el derecho a la verdad y el nuevo sistema penal.

“El 19 de abril de 2018 fue aprobado por la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que propone la reforma al fuero, hoy en día está pendiente su aprobación y/u observaciones por la Cámara de Senadores”.

 ¿Por qué no es correcta la iniciativa de reforma al fuero propuesta por la Cámara de Diputados?.

En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad consideramos que la propuesta de la Cámara de Diputados, que está siendo discutida por la Cámara de Senadores, no es la correcta para corregir y reencauzar la figura del fuero, entre otros, por lo siguiente:

Pretende eliminar por completo la figura del fuero, cuando en realidad dicha figura sirve a la estabilidad democrática, ya que busca evitar injerencias indebidas al ejercicio del poder público, o bien, persecuciones políticas. Por ello, la figura debe de ser reformada y no así eliminada.

“La propuesta pretende anunciar la reforma al fuero, sin embargo, realmente busca modificar a través del mismo decreto de reforma, bajo idénticas consideraciones, tres figuras distintas: la inmunidad procesal “fuero”;  la inviolabilidad parlamentaria y el juicio político. Estas figuras tienen finalidades distintas y no pueden ser modificadas bajo idénticas razones, ya que cada una presenta una problemática de distinta naturaleza”.
¿Qué debería de prever la reforma constitucional al fuero?.

“El fuero no debe de ser eliminado. Su eliminación puede atentar contra la efectividad de la democracia, ya que tutela que la función pública pueda ser desarrollada bajo un sistema de pesos y contrapesos libres de la persecución política. Es una figura pensada en beneficio de la ciudadanía por lo que debe reivindicarse y recuperarse, a través de su conceptualización, materialización y regulación a efecto de evitar abusos de poder al amparo de esta figura”.

Cargos públicos: Debe de revisarse la lista de cargos públicos que gozan de fuero, para que únicamente se incluya a aquellos que estén en mayor riesgo de intromisiones políticas indebidas por las funciones que desempeñan.

Periodo de cobertura: Debe de especificarse que el fuero únicamente regirá mientras los servidores públicos se encuentren en efectivo ejercicio de su encargo. Excluyendo la protección cuando los servidores públicos estén en periodo de licencia o cuando aún no han tomado protesta.

Modificar proceso: El punto más relevante y necesario es la reforma al procedimiento para la declaración de procedencia, conocido como desafuero, ya que es precisamente su indebida regulación actual lo que ha permitido que se utilice como mecanismo de impunidad.

“Esto, para que en todo momento se llegue a una sentencia que resuelva sobre la conducta del servidor público sin dejar de proteger el normal desarrollo de la función pública”.

“Acorde con el nuevo Sistema Penal: La actual regulación del desafuero no es acorde con el nuevo sistema penal, por lo que debe de armonizarse el mismo con los principios del nuevo sistema de justicia penal”.

 

 

 



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