Por: Alfonso Zárate

El domingo 13 de noviembre, en un entorno contaminado por la violencia delincuencial, se cerrará el ciclo electoral de 2011. El estado donde surgió una de las dinastías políticas más emblemáticas del siglo XX mexicano, la de los Cárdenas; donde surgió la Corriente Democrática que en 1987 provocó la mayor fractura en la historia del PRI; la entidad que aportó gruesos contingentes al Frente Democrático Nacional y luego al Partido de la Revolución Democrática, parece encaminarse a la alternancia. La izquierda neocardenista, o lo que queda de ella, parece estar a punto de perder su bastión histórico. El desgaste de muchos años de gobierno, las pugnas internas en el PRD y las malas cuentas de la administración de Leonel Godoy, un gobernador débil, incapaz, con muchas limitaciones, son sólo algunos de los factores que explican la debacle perredista. Pero Michoacán es, también, el estado del que es originario el Presidente de la República y una de las entidades en la que comenzaron los “operativos conjuntos” que se proponían recuperar los territorios sustraídos por el crimen organizado. A más de cinco años de distancia los saldos son lastimosos. Las elecciones en Michoacán se inscriben en un escenario de alto riesgo: una parte significativa de su territorio está dominada por los cárteles de la droga; la extorsión es una realidad para gasolineras, farmacias, transporte público y muchos otros negocios; hay carreteras intransitables; en vastas extensiones se siembran enervantes y dos cárteles, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, imponen su ley. Fue también Michoacán, y concretamente en la plaza pública Melchor Ocampo, en Morelia, donde la noche del 15 de septiembre de 2008 estallaron dos granadas de fragmentación con lo que se inauguró una forma de violencia inédita en el país. Algunos candidatos a alcaldes han renunciado por las presiones del crimen organizado que antes financiaba campañas para exigirle más tarde al triunfador puestos claves, como la dirección de la policía municipal; ahora suben y bajan candidatos a su antojo e imponen condiciones para hacer campaña dentro de “sus” territorios. Como ha ocurrido en los últimos años, tres fuerzas —PRD, PRI y PAN— se disputan las preferencias electorales. La candidata de Acción Nacional y Nueva Alianza, Luisa María Calderón Hinojosa, una política con trayectoria y peso propio, ha ido creciendo, pero quizás no lo suficiente para ganar. El candidato del PRI, Fausto Vallejo, encabeza todas las encuestas, excepto las del Gabinete de Comunicación Estratégica, seguido de cerca por Silvano Aureoles, candidato de las izquierdas (PRD, PT y Convergencia). Vallejo, varias veces alcalde de Morelia, conoce como pocos los intríngulis del poder, puede capitalizar el hartazgo hacia los gobiernos perredistas y, en general, la incertidumbre y zozobra de la población michoacana. La presencia del apellido Calderón en las boletas electorales le incorpora un elemento peculiar a este proceso no sólo por cuanto los riesgos que plantea para la seguridad de la hermana del presidente Calderón sino por cómo serán leídos los resultados —cualesquiera que sean— de la elección y sus impactos para la figura presidencial. El escenario está tan descompuesto que hace meses se llegó a sugerir la posibilidad de posponer las elecciones o de postular a un candidato común a la gubernatura. Como sea, a quien gane la elección le tocará gobernar por un periodo de solamente tres años y siete meses, para empalmar los comicios estatales con los federales. No sería extraño que se dé un muy bajo nivel de participación electoral y que, en ciertas zonas, donde se vota bajo la amenaza de las armas, se reporten casillas zapato con todos los votos a favor de un candidato. Un sentimiento de orfandad lastima a la sociedad michoacana. En ese contexto crítico de institucionalidad dañada y casi inexistencia del Estado de derecho, quien gane enfrentará serios problemas de gobernabilidad. En el pasado, los jefes del crimen organizado contaron con el padrinazgo de figuras de la política local pero ahora, a través del dinero o la intimidación, han impuesto su dominio. Por eso el verdadero tema en Michoacán no es electoral, sino el de la seguridad pública. POSDATA: ¿Y las maniobras que realizan quienes acrecientan su riqueza eludiendo o defraudando al fisco, beneficiándose de regímenes de excepción, ordeñando privilegios quizás legales pero ilegítimos, no se inscriben en el crimen organizado? @alfonsozarate