Por: José Elías Romero Apis*

Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, presentó su tesis de ingreso a la Legión de Honor Nacional de México, misma que tuve ocasión de comentar en nombre de dicha institución. Desde luego, resalto su innegable afirmación de que la preservación de los derechos del hombre no está en peligro tan sólo por la actuación del gobernante sino que además lo está, quizás en mayor medida, por la conducta de los demás cogobernados. También es irrefutable que, por muy diversas causas que sería ocioso mencionar, se ha prestado mucha más atención a los derechos que a los deberes del hombre, cualesquiera que sean los destinatarios o beneficiarios del cumplimiento de esos deberes, tan originarios y tan connaturales como lo son sus derechos. Serían muchos los axiomas que hoy nos plantea esta tesis de ingreso. Pero quisiera concretarme a uno que me parece de reflexión imprescindible en estos tiempos mexicanos. Raúl Plascencia nos deja algo muy en claro y nos invita a pensar en que todas las atrofias que nos presenta nuestra, todavía irreductible, fractura de nuestro Estado de derecho, son meros síntomas de una enfermedad que ha sido soslayada en aras de privilegiar la atención sobre los síntomas. Pero este desbarranco no es inocuo ni queda tan sólo en el registro de nuestras pifias académicas y científicas. Por el contrario, al dedicarnos a atender el síntoma y a descuidar la enfermedad, estamos en riesgo de condenar al cuerpo social mexicano a una patología progresiva e irreversible. La enfermedad es una carencia de cultura de legalidad. Sus manifestaciones son muy diversas y podría sintetizarlas en nueve de ellas. Esa patología aún no tiene un nombre definido, como sucede con las enfermedades más peligrosas. Por lo pronto, podríamos contentarnos con llamarla provisionalmente como hipolegisculturae, o insuficiente cultura de legalidad. Veamos algunos síntomas de ella. El primero a mencionar es la delincuencia, uno de los fenómenos más notorios del momento actual. A ello se agrega un sistema procesal que contiene una fuerte dosis de desequilibrio entre las partes, complicado con lentitud, dificultades excesivas, rigideces innecesarias y otros vicios que lo hacen muchas veces inaccesible, lento, caro y desesperante. En tercer lugar, está la ilicitud, entendida ésta como la transgresión no penal de las normas jurídicas. Existen, también avisos de abuso de autoridad. Esa indebida consideración de que la ley es un espacio demasiado estrecho para cumplir con los propósitos del Estado. El sofisma de que los fines justifican los medios. Se podría proseguir con una hermana gemela del abuso que conocemos como arbitrariedad. La corrupción se ha convertido en un mal endémico de los sistemas de justicia, particularmente en los tiempos recientes. Un séptimo adversario es la lenidad, esa blandura que muchas veces aspira a confundirse con la benevolencia y que, a la postre, se convierte en una dictadora injusta. Por último, existe una muy profusa y muy profunda cultura de la ilegalidad que es la verdadera enfermedad. Así las cosas, nuestra civilización convive con quienes consideran que someterse al imperio de la ley es un signo de debilidad. O que respetar la Constitución es conceder ventajas innecesarias a los delincuentes. O que desempeñar honestamente un cargo público es una forma de estupidez. O que inculcar en los hijos principios de legalidad es inutilizarlos para el futuro. O que batallar por una superación de las profesiones jurídicas es arar en el mar. O que pugnar por un mejor Estado de derecho y de justicia es malbaratar el tiempo. O que el prestigio obtenido por el respeto a la ley es una condena al fracaso político. O que buscar soluciones en el cauce legal es complicar los problemas. O que considerar que la abogacía es una profesión anticuada y sin futuro. O, en fin, como decía Francisco de Quevedo, que en el mundo de la injusticia tener la razón es un gran peligro.