Presentó la propuesta el legislador panista Fernando Rodríguez Doval, quien señaló que la policía es una de las instituciones fundamentales.México.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a que continúe la certificación de los integrantes de los cuerpos policiales.
También para que se dé a conocer el programa de reestructuración de las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Además que se llame a los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal a redoblar esfuerzos en la aplicación de los exámenes de confianza, ya que hasta el momento sólo se ha evaluado 44 por ciento del personal de seguridad pública de todo el país.
El punto de acuerdo incluye pedir a las autoridades de las entidades federativas, ayuntamientos y de la Ciudad de México que terminen el proceso de baja de los elementos policiales que no han pasado los exámenes de confianza.
Presentó la propuesta el legislador panista Fernando Rodríguez Doval, quien señaló que la policía es una de las instituciones fundamentales de cualquier Estado, entendiendo que es la responsable de garantizar la seguridad e integridad de la población a la que sirve.
No obstante, dijo, el crimen organizado se ha infiltrado en esas instituciones públicas del país, desviándolas de uno de los principales objetivos que justifican su existencia que es proteger a las familias mexicanas.
Agregó que dado el evidente debilitamiento que experimentó la Policía Federal, y como respuesta a las recurrentes demandas de la ciudadanía de cuerpos policiales capacitados y libres de corrupción, el ex presidente Felipe Calderón emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza a esa agrupación y a la Policía Ministerial.
Aseveró que gracias a ese esfuerzo se logró depurar los cuerpos policiales de elementos que servían a intereses ajenos a los de la nación, evaluando a la totalidad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República.
Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso de la Unión no deben poner en riesgo los avances en materia de certificación policial, que requieren de acciones periódicas y sistemáticas en el mismo sentido, advirtió.
Añadió que "los legisladores del PAN velaremos por que los avances logrados en administraciones pasadas se mantengan y se refuercen".
A su vez, la senadora Gabriela Cuevas Barrón destacó que este 3 de enero de 2013 todas la entidades de la República debieron cumplir con lo que establecía la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Expuso que cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que a junio de 2012 se habían evaluado únicamente 190 mil 567 elementos estatales y municipales de un universo de 430 mil 189, lo que representa 44.3 por ciento del total.
"De 33 mil 545 elementos que no aprobaron las evaluaciones sólo 4.8 por ciento había sido dado de baja, es decir casi 32 mil servidores públicos que podrían estar vinculados a bandas delincuenciales o que podrían estar delinquiendo con las herramientas y el equipo que el propio Estado les otorga laboran aún en instituciones de seguridad".
En tanto el legislador Arturo Zamora, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que es importante destacar que el proceso de certificación efectuado los últimos años "es producto del trabajo del Congreso de la Unión, en el que ambas cámaras trabajaron desde el año 2008 un proyecto muy importante y a largo plazo".
Destacó que esta legislatura aprobó que se continúe el proceso de certificación, "porque entendemos los alcances y la importancia de que tengamos policías eficientes, eficaces, honrados y que no estén infiltrados ni por la delincuencia organizada, ni por los delincuentes del orden común".
Desde la tribuna legislativa, el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo señaló que los delincuentes tienen informantes dentro de las corporaciones policiales, por lo que la denuncia anónima dejó de ser factor de ayuda importante para las autoridades.
En tanto, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, solicitó a la Segob detallar sus líneas de acción y revisar a fondo el tema de la inseguridad y la necesidad de poner atención a cifras que sugieren un repunte de la delincuencia.
