Angélica de la Peña Gómez dijo que México requiere “un saneamiento” a partir de reparar los estragos de la impunidad, la corrupción y el daño causado a las víctimas.MÉXICO, D.F..- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña Gómez, adelantó que en el Congreso de la Unión se le harán cambios a la Ley General de Víctimas que el pasado viernes entró en vigor.
Aseguró que deben realizar modificaciones a este ordenamiento, con base en las propuestas que presente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero sin menoscabo al trabajo que también realice el Congreso de la Unión en la materia.
La perredista dijo que México requiere “un saneamiento” a partir de reparar los estragos de la impunidad, la corrupción y el daño causado a las víctimas de diversos delitos, porque las autoridades no han cumplido su respon-sabilidad en cada caso.
“Estamos obligados a atender lo que ellos nos propongan, sin demérito de la responsabilidad que tiene cada uno de los senadores”, expuso.
La senadora dijo que las modificaciones que se realicen a Ley General de Víctimas deben definir con puntualidad a qué víctimas está dirigida este ordenamiento legal y precisar la atribución de competencias que tendrán los tres órdenes de gobierno.
De la Peña indicó que su grupo parlamentario va a esperar las propuestas que en la materia realice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuyos integrantes son los principales impulsores de esta ley.
Explicó que al margen de las observaciones que realice este movimiento, entre los grupos parlamentarios existe coincidencia en avanzar en aspectos como el de la existencia de un sistema de atención a víctimas que sea funcional, porque el que está definido en la ley no es operativo: “Es imposible de constituir, porque señala que lo conforman todos los presidentes municipales, es absurdo integrar varias veces al año a todos, más los gobernadores y una gran cantidad de funcionarios a nivel local”.
Además, dijo, las comisiones dicta-minadoras deben considerar que en la le-gislación no se invadan las competencias que son exclusivas de los gobiernos estatales.