La medida fue solicitada desde el pasado 1 de marzo en el juzgado que se localiza en la delegación Miguel Hidalgo.MÉXICO, D.F.-El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Amparo Penal del Distrito, otorgó un amparó a Othón Francisco de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ante cualquier orden de aprehensión que se giré en su contra.
La medida fue solicitada desde el pasado 1 de marzo en el juzgado que se localiza en la delegación Miguel Hidalgo.
Con la amparo que se localiza en expediente 216/2013, el nieto de Gordillo, puede evitar ser aprehendido por delitos del fuero común, sin embargo, la medida no lo protege de delitos federales.
Además del nieto, Erik Salvador Rodríguez García, integrante del SNTE, quien supuestamente participó en el desvió de los fondos, fue amparado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal.
Los amparos concedidos, se presentan luego de que en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), no se descarta la posibilidad de que se presenten nuevas capturas, en relación con la investigación que sigue la dependencia por los delitos de delincuencia organizada y “lavado” de dinero por 2 mil 600 millones de pesos de cuentas del SNTE.
Defensa de Gordillo presenta apelación
MÉXICO, D.F., marzo 7 (EL UNIVERSAL).- La defensa de Elba Esther Gordillo Morales presentó el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión con el que inició el proceso penal en su contra, por lo que un tribunal federal definirá el caso.
Mientras que Othón Francisco de León Arriola, su nieto, obtuvo un amparo provisional contra alguna posible orden de aprehensión, y el ex marido Francisco Arriola Urbina consiguió que un juez admitiera a trámite un juicio de garantías.
Autoridades del Poder Judicial de la Federación confirmaron que los abogados de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Germán Rangel y Rigoberto González, presentaron este jueves ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, el escrito en el que apelan la decisión de enjuiciar a la maestra por “lavado” de dinero y delincuencia organizada.
En el documento insistieron en que los recursos del SNTE no tienen un origen ilícito, por lo que ofrecerán las pruebas para revertir el fallo del juez Alejandro Caballero, que consideró que hay evidencias para enjuiciar a Gordillo como integrante de una organización criminal que “lavó” activos por 2 mil 600 millones de pesos.
Los coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores alistaron también la apelación contra el proceso iniciado en su contra, y en el caso de la también implicada Nora Guadalupe Ugarte Ramírez; hasta la noche de este jueves no se había presentado el recurso.
En tanto, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Amparo concedió una suspensión a De León Arriola, nieto de Gordillo, ante cualquier orden de aprehensión que se gire en su contra; la medida fue solicitada desde el pasado 1 de marzo en el juzgado ubicado en la delegación Miguel Hidalgo.
Con el amparo con el número de expediente 216/2013, el nieto de Gordillo puede evitar ser aprehendido por delitos del fuero común, sin embargo, la medida no lo protege de delitos federales.
También el ex esposo de la maestra presentó una nueva solicitud de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal —expediente 226/2013—, que fue concedido a trámite.
En la “cascada” de amparos que han solicitado familiares y colaboradores de Gordillo, también se sumó Erik Salvador Rodríguez García, integrante del SNTE, quien obtuvo una suspensión contra alguna posible orden de captura en el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal.
Por otra parte, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal interpuso una denuncia por la filtración de la ficha de Elba Esther Gordillo y su parte médico en el que se enumeran 10 padecimientos de la profesora.
Para ello, la dependencia mandó a siete empleados del sistema a declarar, en calidad de testigos, respecto a quiénes tuvieron acceso a esa información.
La denuncia se interpuso el pasado martes ante la Fiscalía para Servidores públicos de la PGDF en contra de quien resulte responsable, por el delito de abuso de confianza y utilización de documentación oficial.
