MÉXICO, D.F./.- El proyecto de reforma a las telecomunicaciones en el país plantea reestructurar el nivel de competencia del sector y un nuevo esquema de participación que impactará directamente a los concesionarios de televisión abierta y restringida, así como a la telefonía fija y móvil.

De acuerdo con el documento elaborado por el Consejo Rector del Pacto por México, el cual podría tener modificaciones de última hora, mantiene la propuesta de licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta a nivel nacional; obliga a las televisoras a regresar al Estado los canales que resulten de la transición digital; replantea nuevas fórmulas tarifarias en telefonía fija y móvil; crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y da más dientes a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

La reforma propone modificar ocho artículos de la Constitución y por lo menos cambiaría una docena de leyes secundarias.

Según el texto, que tendrá que ser estudiado y en su caso avalado en el Congreso, las nuevas medidas podrán “incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de aplicación efectiva”.

Sobre los conceptos “must carry” y “must offer” respecto a la relación comercial entre televisoras abiertas y restringidas se plantea “la gratuidad” de las retransmisiones.

También se prevé que el Estado garantice a la población su integración a la banda ancha.

Las negociaciones entre el gobierno federal, empresarios y los tres principales partidos para la propuesta de reforma no están cerradas, y los acuerdos que se alcancen de aquí a este lunes son cruciales, toda vez que la iniciativa podría ser presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Cuatro meses han durado las negociaciones entre el gobierno federal, empresarios y los tres principales partidos políticos —PRI, PAN y PRD— para la propuesta de reforma al sector de telecomunicaciones.

Este lunes, la iniciativa puede ser presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, junto a los tres principales líderes de los partidos políticos, César Camacho (PRI); Gustavo Madero (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), sin embargo, todavía no se define a qué cámara será enviada, debido a los distintos conflictos internos que prevalecen en las diferentes fracciones parlamentarias dentro del Congreso de la Unión.

De acuerdo con las versiones de los integrantes del Consejo Rector, llegar a este punto “no fue fácil” porque hubo “presiones” para “descafeinar” la propuesta para que algunos sectores se mantuvieran “intocables”.

Incluso la negociación ha sido “muy fuerte” y no se descarta que haya una “ruptura”.

Después de la presentación de la iniciativa, los integrantes del Pacto por México pasarán los reflectores al Congreso de la Unión, para que ellos queden en condiciones de seguir elaborando las demás iniciativas que faltan del acuerdo.

30 sesiones

Los integrantes del Pacto por México tuvieron más de 30 encuentros para ir “tejiendo” la redacción, intención y cuestiones legales de la nueva legislación constitucional.

Los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el Consejo Rector —Juan Molinar Horcasitas, Santiago Creel, Javier Corral y Marco Antonio Adame— fueron los que negociaron esta nueva reforma.

Sin embargo, distintos integrantes del calderonismo, que se encuentran mayoritariamente en el Senado de la República, se oponen a esta iniciativa porque no están de acuerdo con el “poder” que se le pretende otorgar al órgano regulador.

En contra parte, en la bancada del PAN en San Lázaro, que encabeza Luis Alberto Villarreal, tiene todo el respaldo de los diputados, de acuerdo con distintos panistas consultados.

El dirigente nacional del PAN y presidente del Consejo Rector fue el encargado de “empujar” la reforma en su propio partido y en otros sectores.

Por eso, una de las razones principales por la que muchos aseguran que la iniciativa será enviada a San Lázaro es la bancada del PAN en el Senado.

El presidente del Consejo Rector del Pacto por México, el panista Gustavo Madero, pidió a todos los integrantes de este órgano (partidos y gobierno federal) no dejarse influenciar o presionar por cualquier poder fáctico para la iniciativa de telecomunicaciones que se presentará en el Congreso de la Unión.