MÉXICO, D.F./.- Una bala se le impactó en la columna, rompió las vértebras, causó una parálisis que le impide moverse del pecho hacia abajo.

A sus 13 años de edad, este mexicano se convirtió en una víctima más del uso excesivo de la fuerza policial en Estados Unidos, pero a diferencia de otras, su historia no es de impunidad.

El Condado de Los Ángeles, en el estado de California, le pagó 24 millones de dólares como indemnización.

En otro caso, los golpes y fracturas que sufrieron los hermanos Fermín y Ernesto Galván -al grado en que uno de ellos estuvo en coma por meses-, también fueron resultado del abuso policiaco.

Lucharon legalmente durante ocho años en Sacramento, California, para que les quitaran los falsos cargos de resistencia al arresto con los que la autoridad buscó justificar sus lesiones; al final, recibieron cerca de 400 mil dólares por los daños físicos y emocionales que sufrieron.

La justicia que estos mexicanos obtuvieron en el sistema legal de Estados Unidos, a pesar de tratarse de indocumentados, tiene en común que detrás de las batallas jurídicas hubo un abogado contratado por el gobierno de México, a través del sistema de protección consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El embajador Roberto Rodríguez Hernández, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Cancillería, en entrevista destacó que estos casos son relevantes, ya que "no solamente es tener un beneficio económico para las víctimas, tiene un efecto de disuasión para evitar que otros malos oficiales incurran en las mismas acciones ilícitas".

Hoy, 252 abogados y despachos jurídicos en Estados Unidos trabajan con la Cancillería en el Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos a través de Asesorías Legales Externas (Pale), para brindar apoyo a los connacionales en temas civiles, penales y laborales en ese país, sin importar su estatus migratorio, ya sean agraviados, o sin prejuzgar sobre su responsabilidad.

La "confusión"

Jugaba en la calle a "policías y ladrones", con pistolas de aire y balas de goma. El adolescente -cuyo nombre se omite por razones de seguridad- estaba frente a su casa con los vecinos, otros niños del barrio, cuando el agente estadounidense le disparó sin ninguna señal de advertencia.

"Jugaba"... es el último recuerdo que "R" tiene de esa tarde del 16 de diciembre de 2010, cuando el exceso policial lo postró en una cama de por vida.

La familia salió ese mismo año del estado de Guerrero, e ingresó de forma ilegal a Estados Unidos, donde primero vivió en Atlanta, Georgia.

Tenían tres meses en Los Ángeles cuando la bala que impactó en el cuerpo de "R" rompió el sueño de una mejor vida.

Eran tres los menores que ese día se disparaban balas de goma de una acera a otra.

"R" se escondió detrás de una camioneta para cargar su pistola de aire -airsoft-, pero de pronto escuchó gritos, se asomó y recibió el impacto de bala que entró por el hombro izquierdo hasta llegar a su columna vertebral.

Después de ese día, la vida del adolescente se redujo al hospital, a la asistencia permanente por su parálisis.

El policía que disparó aseguró que junto con su compañero vieron a tres "sujetos sospechosos", y que uno de los adolescentes echó a correr sin atender las órdenes del uniformado, quien después accionó su pistola en defensa propia, al ver que el joven estaba armado.

A lo largo del juicio con testigos y peritos, se demostró que el agente disparó sin advertencias, que no hubo amago por parte del menor y que jamás se reportó la presencia de sospechosos en el área.