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MÉXICO, D.F.-El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones busca consolidar la cobertura universal de televisión, telefonía y banda ancha, reducir el precio a esos servicios y elevar su calidad.

Este lunes, en el marco del Pacto por México, el Presidente y los líderes parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Congreso enviaron de manera conjunta a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competitividad.

Durante el evento en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al que no se invitó a los empresarios más importantes dueños de las televisoras y empresas telefónicas del país, Peña Nieto dijo que las concesiones ya no serán otorgadas o retiradas por decisiones políticas, sino por criterios técnicos.

Indicó que el espíritu democrático de la reforma es claro: el Estado mexicano tutela, ante todo, el interés de los consumidores.

“Las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir una condición elemental: servir al país”.

Dijo que en la era del conocimiento y la información, no tener acceso a ellas es una nueva forma de analfabetismo y de exclusión social.

“De ahí la importancia de que el Estado establezca y haga valer su rectoría en este sector estratégico”, subrayó.

Peña Nieto afirmó que de concretarse, esta reforma —que contempla tres grandes apartados— ampliará los derechos de los mexicanos, pues garantiza la libre expresión, difusión, acceso a la información y el acceso a las tecnologías de la comunicación, que incluye la banda ancha.

Dijo que no obstante lo técnico y complejo que pareciera esta reforma, su finalidad es tan sencilla como el ABC.

Detalló: A) Asegurar cobertura universal de los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país.

B) Buenos precios para “pagar sólo lo justo”. C) Mayor calidad en el servicio y en los contenidos.

“Los jóvenes del campo tienen los mismos derechos que los de las ciudades para conectarse a internet, obtener información y mantenerse en contacto con el mundo”, señaló el primer mandatario.

El presidente Peña Nieto hizo un reconocimiento a los integrantes del Pacto por México, por concretar esta iniciativa.

Resaltó que más allá de sus diferencias ideológicas y políticas, “han estado a la altura” de los retos que el México de hoy demanda.

Aseguró que en el siglo XXI las telecomunicaciones son tan vitales para el país como los caminos y las carreteras, como lo fue en su momento el impulso a la energía eléctrica.

“Además, las telecomunicaciones favorecen la libertad de expresión, la educación y la cultura”, dijo.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que a partir de esta reforma se podrá ordenar la desincorporación de activos de los actores económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Indicó que las resoluciones podrán ser impugnadas sólo mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Destacó que con la participación de la Judicatura Federal se evitarán juicios interminables, además de que se crearán tribunales especializados para atender controversias en la materia.

“El Congreso de la Unión establecerá tipos penales especiales de acuerdo con esta iniciativa, que sancionen rigurosamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración indebida, a fin de impulsar la transición del sector hacia condiciones de competencia plena”.

Dijo que se licitarán dos nuevas cadenas de televisión abierta, proceso donde no podrán participar las empresas que ya tengan concesiones por 12 Megahertz o más, lo que cierra el paso a Televisa y Televisión Azteca.

Señaló que en países similares a México, por cada 10 puntos porcentuales que se incrementen los servicios de banda ancha se genera un crecimiento económico equivalente a 1% del PIB.

Fortalecer a los órganos reguladores, cubrir vacíos legales y evitar la doble ventanilla, es parte fundamental de la iniciativa.

La iniciativa llega este martes a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien la turnará a las comisiones para su dictaminación.

En el pleno de San Lázaro se requerirán dos terceras partes de votos. Deberá ser ratificada en el Senado y en al menos 16 congresos estatales para que el Ejecutivo federal pueda promulgarla.