Ampara SCJN a empresa contra el impuesto verde

Por invadir competencias federales en cuanto a la extracción de minerales del subsuelo o a cielo abierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a una empresa dedicada a la explotación y comercialización de productos pétreos y yeso.

La resolución de los ministros va en contra del cobro de los impuestos verdes contemplados en la Ley de Hacienda de Nuevo León.

Durante la sesión llevada a cabo este miércoles, en la resolución del ministro Arístides Guerrero se otorgó el amparo con revisión 592/2025.

"El proyecto propone conceder el amparo respecto a los Artículos 118, 119, 120, 121, 122 y 123 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, reservando jurisdicción al Colegiado para el estudio de los diversos planteamientos", leyó Guerrero.

Durante el debate se consideró que el gravámene si invade competencias federales en cuanto a la extracción de minerales del subsuelo o a cielo abierto.

El presidente Hugo Aguilar señalo que los bancos de arena y la grava usados como material de construcción de caminos no contienen minerales o piedras preciosas de las que regula exclusivamente el nivel federal.

Por su parte, Lenia Batres al hacer uso de la palabra indicó que sí hay una clara delimitación entre lo que regula la Federación y los Estados, y en este caso no habría invasión de esferas.

El resto de los ministros consideraron en sus exposiciones que si existía una inconstitucionalidad en el cobro del impuesto verde que cobra el Gobierno del Estado.

Pero anunciaron votos concurrentes por no compartir la metodología de la sentencia y que se deje jurisdicción al Tribunal Colegiado que veía el caso.

Una vez expuestos las opiniones de cada uno de los ministros, el dictamen al momento de ser sometido a votación, recibió seis votos a favor contra tres en contra.

Los ministros que votaron en contra fueron Lenia Batres, Yazmín Esquivel y el Presidente Hugo Aguilar.

Cabe destacar que los impuestos verdes de Nuevo León son gravámenes estatales dirigidos a empresas y pedreras para frenar el deterioro ambiental. 

Se aplican a fuentes fijas y se dividen en cuatro categorías: emisiones a la atmósfera, extracción de materiales pétreos, contaminación del agua, y afectaciones al suelo o subsuelo.