Buscan se siga de oficio el delito de fraude en servicios turísticos

Para tipificar el fraude en servicios turísticos y permitir que este delito pueda ser investigado de oficio por las autoridades, la bancada de Morena presentó una iniciativa de reforma al Código Penal.

La diputada Brenda Velazquez Valdez dijo que la idea de su propuesta es terminar de una vez por todas con las estafas relacionados con viajes y paquetes vacacionales.

Señalo que esto ya se había vuelto indispensables ante el incremento de denuncias en contra de las agencias de viajes y prestadores de servicios que ofrecen paquetes vacacionales, hospedaje o transportación.

La morenista aseveró que en muchas de las ocasiones los prestadores de este servicio reciben pagos anticipados y posteriormente incumplen con lo contratado o simplemente desaparecen sin realizar reembolsos.

De acuerdo a la diputada, durante 2025 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró 73 quejas contra proveedores de servicios turísticos en NL, mientras que en los primeros meses de 2026 se han acumulado otros 22 casos, principalmente por incumplimientos, cancelaciones y negativas de devolución.

"Estamos hablando de esquemas que afectan simultáneamente a decenas de personas y generan pérdidas millonarias. La autoridad debe contar con herramientas para actuar con mayor rapidez y evitar que estos casos queden impunes", señaló Brenda Velázquez.

La reforma plantea crear el Artículo 386 Bis para equiparar al fraude la oferta o contratación de servicios turísticos sin capacidad real para prestarlos, así como el incumplimiento injustificado después de haber recibido pagos totales o parciales.

Además, se propone modificar el Artículo 408 del Código Penal para que el fraude turístico sea una excepción a los delitos que se persiguen a petición de parte; es decir, la Fiscalía podría investigarlo de oficio, sin depender de que cada víctima presente una denuncia.

La reforma también contempla, además de las sanciones penales correspondientes, la inhabilitación de los responsables para operar como prestadores de servicios turísticos y la aplicación de medidas contra las personas morales involucradas en este tipo de prácticas.

"No podemos permitir que quienes juegan con el patrimonio de las familias sigan aprovechando vacíos legales. Esta reforma busca enviar un mensaje claro de que habrá consecuencias para quienes engañen a los consumidores", agregó la legisladora.

De ser aprobada por el Congreso local, la iniciativa convertiría al fraude turístico en uno de los pocos delitos patrimoniales que podrían perseguirse de oficio en Nuevo León, permitiendo una respuesta más rápida de las autoridades ante afectaciones masivas.