Corte analizará validez para crear una Comisión de la Verdad

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer un recurso de revisión extraordinario, para analizar la validez de la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
Por unanimidad de ocho votos, el Máximo Tribunal del país admitió ejercer su facultad de atracción para definir si un juez tiene la facultad de ordenar la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación, al momento de emitir una sentencia de amparo relacionada con un auto de formal prisión por desaparición forzada.
Se estableció que un ministro será el encargado de realizar un proyecto de sentencia, para evaluar si la orden del juez vulnera el principio de división de poderes, o el principio de relatividad de las sentencias.
En su intervención la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, se declaró impedida para conocer y participar en la discusión, ni en la resolución en el caso Ayotzinapa, tras declarar un conflicto de interés.
Resaltó que la investigación penal se encuentra en la unidad de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, área perteneciente a la fiscalía especializada en materia de derechos humanos, de la cual fue titular cuando formaba parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
-----Sentencia desmonta la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer cuatro recursos relacionados con la sentencia judicial que en 2018 echó abajo la llamada "verdad histórica" sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ordenó reponer la investigación del caso.
La determinación fue cuestionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que advirtió que la medida reabre la discusión sobre una resolución considerada fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
La decisión fue tomada por el Pleno de la Corte al resolver una solicitud para atraer recursos promovidos contra la sentencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, uno de los fallos judiciales más relevantes dentro del caso Ayotzinapa.
Aquella resolución, dada a conocer en junio de 2018, concluyó que la investigación que sustentó la denominada "verdad histórica" presentaba graves irregularidades y violaciones a derechos humanos, entre ellas actos de tortura. Además, determinó que no se agotaron diversas líneas de investigación y ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.
La llamada "verdad histórica", presentada por el gobierno federal en 2015, sostenía que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, esa versión fue posteriormente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, así como por diversas resoluciones judiciales.
De acuerdo con el Centro Pro, la sentencia de 2018 representó un punto de inflexión porque reconoció que la investigación oficial estuvo afectada por irregularidades graves y abrió la posibilidad de construir un mecanismo extraordinario para avanzar en el esclarecimiento de los hechos con participación de las autoridades y de las víctimas.
La organización recordó que los amparos de los que deriva esta resolución fueron promovidos originalmente por personas acusadas dentro del caso. Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos no participaron en esos juicios, aunque posteriormente fueron reconocidos como víctimas indirectas y actualmente forman parte de los recursos que analizará la Suprema Corte.
Según el Centro Pro, tras la emisión de la sentencia distintas autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron recursos extraordinarios argumentando que debieron haber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes durante varios años y comenzaron a ser admitidos hasta octubre de 2025.
Posteriormente, en 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó que la Suprema Corte atrajera los asuntos para analizar la viabilidad jurídica y material de cumplir la sentencia, particularmente en lo referente a la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad.
El Centro Pro señaló en un comunicado que los argumentos planteados retoman, en esencia, objeciones que ya habían sido sostenidas tanto durante la administración de Peña Nieto como en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lamentó que la atracción de los recursos fuera aprobada por unanimidad y sin una discusión pública sobre sus implicaciones. Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar debido a su intervención previa en áreas relacionadas con la investigación del caso.
Para el Centro Pro, la decisión permite reabrir el debate sobre una sentencia que tuvo un papel central en el desmontaje judicial de la "verdad histórica" y en la construcción de nuevas rutas para la investigación de la desaparición de los estudiantes.
A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el organismo sostuvo que el caso continúa sin ser plenamente esclarecido.
Entre los pendientes, señaló la falta de acceso a información de inteligencia militar considerada relevante para la investigación y la ausencia de avances en algunas extradiciones que las familias consideran prioritarias para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.