Existe un 76% de desconfianza de los mexicanos en el PJF

MÉXICO.- México se encuentra entre los países de América Latina con mayor debilidad institucional, así como altos índices de desconfianza en el Poder Judicial.

Así lo revela el más reciente estudio desarrollado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en el que señala que la nación se encuentra en un punto de inflexión de su historia jurídica: "Reflejando una debilidad institucional generalizada, pero sin diferencias extremas".

A través de un análisis de reformas adoptadas en 20 países de América Latina entre 2020 y 2025, puntualiza que, en términos generales, las naciones no presentan asimetrías tan marcadas, sino que tienden a agruparse en un cuadrante de desempeño institucional y confianza ciudadana de nivel medio a bajo, con una media de deterioro institucional.

La inclusión de las reformas mexicanas de 2025 en el reporte expone que en el país únicamente 24% de la población encuestada declaró tener confianza en el Poder Judicial. Este alarmante 76% de desconfianza coloca al país en una posición de vulnerabilidad en términos de legitimidad democrática. "Según estos datos, la confianza en el Poder Judicial es en general bastante baja en la región. 

Uruguay es el único país que supera 50%, con 56% de la población que declara confiar en esta institución, seguido por Costa Rica, República Dominicana y Brasil con 36%. 

La mayoría de los países se concentran entre 20 y 30 por ciento, mientras que, en varios, como Chile, Argentina, Perú y Paraguay, la confianza no alcanza 20%.

Desde una perspectiva regional, el promedio de los países analizados se sitúa en torno a 25%, lo que evidencia una percepción generalizada de desconfianza", señala el texto.

A pesar de que el informe sitúa a México en el cuadrante denominado de "fragilidad institucional generalizada", se explica que el país se localiza muy cerca de la media regional, compartiendo rasgos de comportamiento con naciones como Colombia y Ecuador. 

Si bien México no alcanza los niveles críticos de colapso institucional que el estudio adjudica a países como Venezuela o Bolivia, el diagnóstico puntualiza que sí existe una desconexión profunda e histórica entre las instituciones encargadas de impartir justicia a los ciudadanos a los que deben servir. 

Otro de los hallazgos del cruce metodológico del CEJA es la falta de correlación directa entre la riqueza macroeconómica de un país y la calidad de sus tribunales.

Para ilustrar esta asimetría, el reporte toma como referencia el año 2020, situando a México en un bloque medio de capacidad económica con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita medido en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de 19 mil 141 dólares.

A pesar de pertenecer a este entorno de desarrollo humano considerado alto dentro del panorama latinoamericano, dicho avance económico no se ha traducido linealmente en un blindaje institucional o en un acceso transparente, rápido y equitativo a la justicia.

El análisis del CEJA sugiere que los recursos económicos del Estado mexicano se han enfrentado de forma constante a vicios estructurales, burocracias arraigadas y una resistencia al cambio que terminó por socavar la confianza pública de manera sistemática, pavimentando el camino para las reformas radicales evaluadas con proyección a 2025.

El documento demuestra que la crisis no es exclusiva de México, aunque se manifiesta de formas distintas: El primer gran hallazgo global es la fragmentación regional. No existe una tendencia homogénea ni un camino unificado en el continente; por el contrario, cada país legisla de manera aislada, respondiendo de forma improvisada a problemas coyunturales específicos y a contextos políticos nacionales muy particulares.

Asimismo, el estudio identifica un fenómeno denominado "incrementalismo normativo". Esto significa que la inmensa mayoría de las naciones latinoamericanas prefiere realizar ajustes parciales, cosméticos e incrementales en sus leyes en lugar de comprometerse con transformaciones sistémicas o estructurales de fondo.

Otro factor crítico identificado a nivel regional es el sesgo punitivo de las reformas.

La agenda de seguridad ciudadana y el combate a la criminalidad organizada se han consolidado como los motores principales del cambio legal en América Latina, lo que genera una enorme preeminencia de las reformas procesales penales.

En contraste, el informe denuncia un grave déficit y abandono en otras materias de altísimo impacto cotidiano para la población, tales como la justicia civil, mercantil, familiar y laboral.

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