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PRD emprende lucha legal contra la "ley Bonilla"


Publicacion:19-10-2019

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El documento mostrado a los medios de comunicación a la entrada de la SCJN promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 351

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD promovió ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “ley Bonilla”, que pretende ampliar el mandato del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

El documento mostrado a los medios de comunicación a la entrada de la SCJN promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 351 publicado el 17 de octubre de 2019 en el periódico oficial de Baja California, por el que se reforma el Artículo VIII Transitorio de la Constitución local.

Ángel Ávila, integrante de la DNE y dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que se trata de una ley en detrimento de la vida democrática del pacto federal y que pone en riesgo las conquistas democráticas ganadas a lo largo de más de 30 años de transición política.

“Lo que vemos es un intento por parte de Morena, por parte de su presidenta Yeidckol Polevnsky, de alargar de manera ilegal un periodo de gobierno en el cual este personaje fue electo solamente para dos años y ahora quiere gobernar cinco”, lamentó.

La entrega del documento a la Corte fue hecha también por Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD a la gubernatura, así como por los integrantes de la DNE, Adriana Díaz Contreras y Fernando Belaunzarán; éste último consideró que además de la gobernabilidad y estabilidad del país está en juego la credibilidad de la SCJN.

“La Corte se juega su credibilidad en este evento”, opinó al señalar que se podría perder un contrapeso importante si no se actúa conforme a derecho; “esperemos que estén a la altura porque los ministros juraron defender la Constitución”.

Belaunzarán también criticó la consulta ciudadana realizada el domingo para conocer la opinión de los bajacalifornianos, pues dijo que se trató de una "patito" en la que no participó ni el dos por ciento del Padrón Electoral.

"En una elección sin ningún tipo de garantías constitucionales en donde se llevaron a dormir a las urnas, en donde usó la estructura de los servidores de la nación para organizarla", acusó.

A su vez Martínez Veloz confió en que los argumentos presentados a la Corte resuelvan de manera favorable, pues recordó que las modificaciones que pueden hacerse a la Constitución en materia electoral para reformar los periodos de gobierno se hacen tres meses antes del proceso electoral, “cosa que no sucedió”.



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