Cierto es que desde noviembre del 2016 se declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Pero, la dura realidad es que la autoridad no ha sido eficiente para proteger la vida de mujeres amenazadas, que aun cuando claman auxilio no siempre son escuchadas. Tristemente en muchos casos ya no las escucharemos, porque los agresores cumplieron sus amenazas y las han privado de la vida.

 Así se lo señalamos al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, en su Cuarto Informe de Gobierno, al cual acudió el Fiscal General de Justicia del Estado, pues las familias de las víctimas se quejan de que la autoridad es omisa en el castigo a delincuentes que andan sueltos causando más dolor y hoy penosamente ocupamos el tercer lugar en feminicidios con 46 víctimas en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 Resulta alarmante por otra parte que de enero a mayo hayan sido asesinados ocho niños menores de cinco años en condiciones de maltrato, entre ellos cuatro bebés menores de un año, así como once menores asesinados a golpes o con otro elemento. Hasta ahora son 30 menores asesinados en lo que va del año ¡cien por ciento más que en el mismo lapso de 2018! Preocupa que la violencia este escalando hacia nuestra infancia, la cual estamos obligados a proteger, incluso desde la concepción.

 La inseguridad es por ello la mayor preocupación ciudadana.

 Con frecuencia se asocia el combate a la inseguridad con más policías y más armas. En realidad, cuando la policía interviene es porque han fracasado las medidas de prevención. La verdadera prevención consiste en fortalecer los vínculos familiares tempranos, con condiciones adecuadas para la gestación, el parto y la lactancia, así como la atención y educación integral desde la primera infancia. Prevenir es facilitar mejores condiciones educativas y de salud; es decir, dar esperanzas de una vida mejor, pues ahí donde nos estancamos surge la desesperanza y la tentación de la violencia para arrancar por la fuerza lo que no hemos obtenido por la vía pacífica.

 El verdadero combate a la inseguridad debe darse lejos de cuarteles militares y policiacos. Hay que darlo en escuelas con educación de calidad, en centros de salud con servicios de calidez y en la práctica del deporte y la cultura orientados al ser humano y no a la ganancia monetaria.

 Por ello, la semana pasada referimos en la Tribuna del Congreso del Estado el caso de América Elizabeth Casas de la Fuente, joven de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 18 de agosto en Montemorelos. El principal sospechoso, su pareja sentimental y hoy prófugo de la justicia, fue previamente denunciado por la víctima ante amenazas y golpes proferidos en el pasado. Sin embargo, su llamado de auxilio no fue debidamente atendido y hoy una familia más llora la pérdida de una de sus mujeres.

 América Elizabeth dejó en la orfandad a su pequeño hijo, víctima directa de este feminicidio, a pesar del Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Ante este hecho preguntamos ¿es necesario extender la alerta de género al municipio de Montemorelos o a todo el Estado?

 Hay que hacer referencia, una y otra vez, que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reveló que 62 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han padecido algún incidente de violencia y a pesar de que ocupamos el penoso tercer lugar en feminicidios seguimos sin dar pasos firmes que den solución a la ola de violencia contra las mujeres, que ha desencadenado un aumento alarmante en los feminicidios.

 La violencia hacia las mujeres lejos de detenerse se extiende. Las políticas públicas y los protocolos de prevención e intervención no están funcionando en los hechos. Por el contrario, son ineficientes y, lo peor del caso, el personal que atiende a las víctimas sigue siendo cuestionado por falta de profesionalismo, de compromiso, de conocimiento y de sensibilidad.

La Fiscalía General de Justicia tiene que hacer las gestiones necesarias hasta lograr el total cumplimiento de la orden de aprehensión girada contra el presunto responsable de la muerte de América Elizabeth y de todas las que ya no están, ya que la impunidad es el principal factor generador del crecimiento de feminicidios y, sobre todo, tiene que explicar por qué los instrumentos y las herramientas legales de protección hacia las mujeres no les permite hacer efectivo su derecho a vivir una vida libre de violencia.