Reporta SSPC que 273 candidatos han pedido medidas de protección

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad, informó que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador se eliminó el análisis de riesgo en las solicitudes de protección de candidatos en el actual proceso electoral, por lo que la misma, afirmó, es ágil, inmediata y sin burocracia.

En conferencia de prensa del martes y a pregunta expresa, la secretaria indicó que se protege a 250 candidatos y no se ha rechazado ninguna solicitud.

"Lo hicimos por instrucción del Presidente, pero ya lo estamos haciendo de manera ágil. Ahorita no tenemos uno solo en análisis. [La protección] es inmediata y sin ningún pretexto, sin burocracias", dijo.

Explicó que el INE recibe la solicitud de protección a candidatos y lo hace del conocimiento de la SSPC, que a su vez se coordina con la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere.

"Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. Con este mecanismo, hasta el 15 de abril hemos podido atender la totalidad de las solicitudes de protección que nos han llegado y que son 273, sin rechazar solicitud alguna. De parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano hay atención para todas y cada una de las solicitudes.

"De estas 273, en 250 se brindó la seguridad necesaria, en tanto que en 23 fueron declinadas por los propios peticionarios y al momento no tenemos ninguna en análisis de riesgo", aseveró.

Recordó que el gobierno federal brinda protección a los candidatos que buscan la Presidencia de la República, a los de las nueve gubernaturas y a los que buscan una curul en el Congreso de la Unión.

Rodríguez indicó que a los gobiernos estatales corresponde hacer lo mismo con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. Reconoció que desde el inicio del proceso se tiene reporte de una candidata fallecida y cinco precandidatos que ya tenían registro oficial ante sus partidos políticos.

Además, se presentaron nueve homicidios de aspirantes que aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero que habían sido mencionados para un cargo de elección popular.