Difieren audiencia en caso de víctimas del Grupo Atlacomulco

Tlanepantla, Méx..- El juez penal de primera instancia del distrito judicial de Tlalnepantla, Felipe Landeros Herrera, difirió este miércoles la diligencia en la que decidiría el posible cambio de la medida cautelar de los reos Daniel García y Reyes Alpízar, informó Alberto Quezada, vocero del colectivo Pena Sin Culpa.

La revisión del cambio de medida cautelar excesiva es ordenada por el Tribunal de Alzada, quien respondió a su obligación de acatar los tratados firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como atender a los pronunciamientos de diversos organismos internacionales de derechos humanos que han intercedido en el caso.

El activista Alberto Quezada dijo que la diligencia se pospuso porque según el juzgador no le presentaron el informe de la Unidad de Medidas Cautelares (UMC) y decidió efectuarla el próximo lunes 19 de agosto a las 12:00 horas.

Los procesados, que se encuentran en el Penal de Barrientos desde hace más de 17 años en prisión preventiva -sin ser sentenciados-, buscan su liberación por falta de pruebas y por graves violaciones, pero en su lucha también piden un cambio en la medida cautelar para seguir su proceso en libertad.

Ambos son acusados de haber participado en el asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, María de los Ángeles Tamez, de 27 años, ocurrido el 5 de septiembre de 2001. Son los presos políticos con mayor tiempo sin sentencia en todo el mundo occidental.

De acuerdo con Pena sin Culpa, a lo largo de los más de 17 años ninguno de los seis jueces que han llevado a cabo el juicio han encontrado elementos de prueba para inculparlos y sentenciarlos.

Entrevistado frente al reclusorio, Quezada refirió que este día acudieron ante el juez dos representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la cual emitió una recomendación para la liberación inmediata y reparación del daño a los dos detenidos que son considerados presos políticos.

“Se presentaron ante el juez los representantes de la Oficina de la Ata Comisionada de la ONU a supervisar, a hablar con el juez”, indicó Alberto Quezada.

Para Pena Sin Culpa y las familias de Daniel García y Reyes Alpízar, ellos son presos políticos del entonces gobierno priista de Arturo Montiel Rojas, su procurador de Justicia Alfonso Navarrete Prida y el subprocurador Rogelio Figueroa.

El colectivo sostiene que a lo largo de 17 años y ante seis jueces han argumentado que Daniel García y Reyes Alpízar han sido víctimas de una detención arbitraria, de fabricación de pruebas, de testigos, de tortura, de un tiempo excesivo en prisión preventiva y de exposición mediática.

“Si ellos hubieran sido encontrados culpables, ellos ya hubieran salido libres como a los 15 años ocho meses, ahorita ya les deben incluso hasta años, entonces lo justo es que les cambien (la medida cautelar) pero aun así eso no es hacer justicia, de todas formas continuaría el proceso y seguiríamos con la lucha de buscar justicia para Daniel y Reyes.

De acuerdo con Alberto Quezada, si al menos el juez cambiara la medida cautelar a los presos sería una decisión “salomónica”, pues al no declararlos culpables ni inocentes, llevarían su proceso fuera del reclusorio, donde dijo, han estado injustamente privados de libertad más de seis mil 380 días.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU acreditó la detención arbitraria de García Rodríguez y de Reyes Alpízar, por lo que ordenó su libertad inmediata y la reparación del daño.

Otros organismos internacionales que se han pronunciado a favor de los acusados y que han pedido su liberación son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su 66 periodo de sesiones (CAT) y la Oficina de México de Amnistía Internacional.